¿Hacia universidades-garaje?

Una de las 29 tesis doctorales que he dirigido a lo largo de mi trayectoria como profesor de Antropología Social y Cultural fue sobre la aplicación al sistema universitario chileno de las políticas económicas de la Escuela de Chicago. La dictadura de Pinochet lo había posibilitado, anulando toda oposición al dogma de la desregulación que era (y es) un componente central de la religión construida en torno al dios Mercado. Se supone que es la “mano invisible” del Mercado, equivalente a la “divina providencia” de las religiones del Libro, la que se encarga de establecer y garantizar el orden económico y social por lo que es negativa toda injerencia desde el ámbito de la política. Aunque, en realidad, este objetivo de no intervencionismo estatal nunca ha sido tal, porque de lo que se trata es de que, mediante leyes ad hoc, instrumentos represivos y campañas ideológicas, el Estado (sus instancias políticas) sí intervenga para destruir todas las resistencias a la extensión y profundización de las supuestas leyes del sacro Mercado.

La aplicación del neoliberalismo salvaje al sistema universitario de Chile produjo una inflación de universidades. Fueron creadas varios cientos, llegando a popularizarse la etiqueta de “universidades-garaje” porque, en muchos casos, sus instalaciones se situaron en espacios que eran anteriormente aparcamientos de vehículos. El resultado fue el caos y la necesidad evidente de, al menos, una cierta regulación.

Evoco esto porque me preocupa profundamente que en Andalucía, y en el Estado español en general, está siendo introducida una dinámica no muy distante de aquella. Hace pocos días, los rectores de las diez universidades públicas andaluzas han dado la voz de alarma señalando que “en tan solo dos años, hemos pasado de una universidad privada a cinco” (que serían seis si, como se anuncia, el grado de Enfermería de San Juan de Dios, en Bormujos, hasta ahora adscrito a la Universidad de Sevilla, pasa a depender de la Universidad de Comillas). Denuncian los rectores la “alarmante estrategia de privatización” que entienden ha puesto en marcha la Junta y el riesgo de que los centros adscritos actuales, sujetos por ley a la legislación andaluza y bajo el control académico de las universidades públicas, “se conviertan en meras franquicias de universidades privadas ajenas a la comunidad andaluza”. Con lo que ni siquiera tendrían que pasar por la aprobación del parlamento autónomo.

En el conjunto del Estado, a las 50 universidades públicas existentes (la última creada en 1998) hay que sumar ya 45 universidades privadas. Estas se han multiplicado por cinco en veinte años. Si continúa esta dinámica, pronto las privadas superarán en número a las públicas. ¿Cuáles son las características de estas nuevas universidades, creadas por empresas o entidades económicas o/e ideológicas, que –se supone– pretenden cubrir ámbitos o demandas que no cubren las universidades públicas?

Dejando a un lado (y es mucho dejar) la obviedad de que son universidades de pago (de 6.000 euros€ por curso en adelante, según universidad y carrera), se rompe en ellas la idea de que para que exista una universidad es necesario, además de que se imparta docencia de grado superior, que se desarrolle de forma importante la investigación. Es muy revelador que en el ranking de investigación la primera universidad privada no aparezca hasta el puesto 29. También son muy reducidos los programas de Doctorado (solo el 10% del total) y escasos los grados impartidos en las áreas de Ciencias, de Ingeniería y de Arquitectura. Contrariamente, son numerosos los dobles grados, sobre todo en Derecho, Administración, Negocios y Periodismo. El déficit de laboratorios y buenas bibliotecas (que no pueden ser sustituidas simplemente acudiendo a Google o a Wikipedia) es también evidente en la mayoría de ellas. Datos muy preocupantes que hacen que muchas de las universidades privadas respondan más al modelo Academia (casi solo destinadas a la docencia) que no al de Universidad. Lo que sí está en ellas muy presentes son los equipos de marketing para atraer a la potencial clientela, ofertando por ejemplo “un grado en menos tiempo” o “planes de estudio únicos, diseñados desde las necesidades del mercado laboral”.

¿Estamos ante un boom de algo parecido a las universidades-garaje chilenas de hace unas décadas? En todo caso, me parece indispensable una mayor rigurosidad legal en cuanto a los requisitos para que un negocio docente pueda utilizar el nombre de universidad. Y sería asimismo necesario que las universidades públicas fueran autocríticas porque también en ellas, desde hace tiempo, existen dinámicas que, retórica aparte, no se distancian mucho de las presentes en las privadas, aunque en estas sus consecuencias se muestren de forma mucho más cruda. El tema requeriría un debate serio, apartidista y no doctrinario. Lamentablemente, no percibo interés porque así sea.