El 'pin parental', una educación a la carta

El llamado pin parental es como disponer de una educación a la carta en la que el Estado ofrece platos variados y las familias se autoconfeccionan el menú, incluyendo la bebida y el postre. Matemáticas. sí; Historia, no; conferencia sobre las mariposas, sí, pero no sobre la hispanidad. Lo que nos sugiere la fórmula del permiso parental es la sospecha de que el Estado ofrece mercancía averiada, alimentos perniciosos o en mal estado que pueden dañar la salud de niños y jóvenes. De manera que, según esto, las familias, velando por ellos, estarían, no sólo en el derecho, sino incluso en la obligación de rechazar aquello que consideran indeseable.

Pudiera parecer que detrás de la fórmula del pin parental subyace una filosofía ultraliberal que desconfía del Estado y sólo da por buenas las decisiones que toma el individuo en busca de su propio interés; es decir, detrás del renombrado pin, estaría una especie de anarco-liberalismo. Pero las cosas no son como parecen, pues este individualismo radical no reniega del Estado, al contrario, lo reclama y lo necesita. Al pensar que la educación no está en buenas manos y que ello provoca dolores de cabeza a las familias, reivindican una educación como Dios manda, dejarse de modernismos estrambóticos y volver a las viejas tradiciones. No es que los defensores del pin parental pretendan que no se adoctrine a los jóvenes en las escuelas; más bien pretenden que se les inculque la doctrina supuestamente verdadera y, si es posible, con la subvención del Estado. Eso sí, en centros escolares que sean de fiar.

Como deberían saber los partidos que apoyan semejante iniciativa -los que ahora se llaman constitucionalistas-, esta educación a la carta no se aviene con nuestra Constitución ni con las leyes vigentes en materia educativa. En lo que hace a la Carta Magna, el apartado cuatro de su artículo 27 establece que la enseñanza básica es obligatoria, no es una opción para las familias. El apartado tres de ese mismo artículo dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Por su parte, la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce), establece que compete a las administraciones educativas -estatal y autonómica- la determinación de los contenidos del currículum es decir, de lo que ha de enseñarse y debiera ser aprendido. Al margen de la optatividad que pudiera establecerse, nada dice acerca de que las familias tengan potestad para decidir qué es lo que se enseña a sus hijos. Pero he aquí que, precisamente, en lo que hace a las actividades complementarias, que forman parte del currículum con tanto derecho como el Dibujo o la Literatura, precisamente en este campo, la ley si contempla la participación de las familias, pues el plan de esas actividades debe ser aprobado por el Consejo Escolar de cada centro, institución en las que están representadas las familias a través de sus asociaciones y de sus representantes elegidos periódicamente. Es sencillamente absurdo que cada una de las familias -el padre… y la madre de cada alumno- decida unilateralmente sobre cada una de las actividades. Sería suponer que los miembros del Consejo Escolar son unos insensatos y aprueban cualquier cosa que a alguien se le ocurra.

La fórmula del pin parental no sólo estaría al margen de la ley, sino que proyecta también una inquietante simplificación de la vida social: ellos y nosotros; los que, atrincherados en los engranajes de las instituciones o en organizaciones de dudosa moral, hacen daño a nuestros hijos y los que, amparados por la verdad, disponen de la genuina vacuna contra el virus de la democracia y otras ocurrencias de los consejos escolares.

Por lo demás, mirando en su contexto, esta idea del pin parental puede entenderse también como una sombra sobre la credibilidad y buen hacer de la escuela pública, pues se sugiere y se da a entender que estas cosas sólo ocurren en ella; a nadie se le pasa por la cabeza que en otro tipo de escuela vaya a salir adelante una actividad que dañe la salud de sus alumnos. Paradójicamente este razonamiento y esta seguridad se basan precisamente en el implícito de que en estos centros si se enseña la doctrina verdadera, mientras que en los públicos tal cosa no sería posible.

En fin, como ya he expuesto varias veces en esta misma tribuna, sería de agradecer que las autoridades se tomaran en serio la educación, de momento sería suficiente.