La perplejidad de los demócratas

Muchos de nosotros, los demócratas antiguos, nos sentimos perplejos. ¿Debemos hacer caso a los que nos dicen que el Tribunal Supremo ha prevaricado al decidir que la malversación cometida por los separatistas catalanes no es amnistiable? Por el contrario, ¿llevan razón los que afirman que el Tribunal Constitucional ha prevaricado al anular las condenas por prevaricación y malversación de los socialistas andaluces? ¿O quizás aciertan ambas opiniones? Cualquiera de esos supuestos sería demoledor para la estabilidad de la democracia basada en la Constitución de 1978. En un ejercicio de contención y prudencia, admitiré que tanto el Supremo con el Constitucional han obrado de buena fe y que ambos creen realmente, sin oportunismo alguno, en lo que han decidido. Una de las consecuencias de esa seráfica hipótesis es que estarían consolidándose en la sociedad española dos visiones distintas sobre la aplicación de las leyes a los posibles delincuentes, especialmente si ocupan cargos políticos. Se supone que los conservadores son partidarios de no dejar impune ninguna transgresión cometida por políticos. De ahí las condenas a los implicados en el caso de los ERE y a los separatistas sediciosos. En realidad, ese enfoque no tiene nada de novedoso. Después de todo, los demócratas antiguos solíamos postular que los políticos no debían disfrutar de unas reglas penales diferentes y menos punitivas. Pensábamos que había ningún motivo para que los políticos gozasen de ningún tipo de inmunidad. En ese sentido, estimábamos que el número de personas aforadas en España era absolutamente exagerado y que había que seguir persiguiendo los crímenes de ETA.

Por otro lado, ha emergido avasalladoramente una línea política basada en la convicción de que deben minimizarse los reproches penales a los políticos que hayan delinquido, o estén bajo sospecha, e incluso a los delincuentes comunes. Suele considerarse que ese punto de vista es progresista. Ya tuvimos un primer avance con la ley del “solo sí es sí”, que condujo a una rebaja de las condenas a muchos agresores sexuales. Y en esa línea han ido una serie de actuaciones recientes de los gobernantes españoles: la eliminación del delito de sedición del Código Penal, debilitando la defensa de la nación frente a sus enemigos; la diferenciación entre una malversación leve cuando se comete para obtener un beneficio político y una malversación grave cuando se comete para un exclusivo beneficio personal; la amnistía a unos delincuentes no arrepentidos, cuando se podría haber optado por indultarlos una vez condenados; la supresión de las cautelas procesales que preveían la paralización de los trámites hasta que, en caso de duda, resolviese la justicia de la Unión Europea…

Personalmente tengo mis serias dudas de que esa política blanda tenga nada de progresista, sobre todo una vez que la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que el presidente no es penalmente responsable de los actos que realice en el ejercicio de su función política. Por el contrario, una jueza progresista emitió un voto particular para defender que “el presidente no está por encima de la ley”. Y lo mismo ha opinado el presidente Biden. Eso me lleva a sospechar que los sedicentes progresistas españoles acaso sean tan reaccionarios como los juristas que han eximido a Trump (y a los futuros presidentes) de responsabilidad penal por sus actos oficiales. Se ha preguntado un partidario de Biden si sería legítimo que Trump sobornase a algún grupo de votantes a cambio de su apoyo. Esa pregunta evoca la sombra de la duda acerca de los verdaderos motivos de la amnistía a los separatistas.

Si se consolidase la incipiente percepción ciudadana de que los políticos españoles, empezando por los separatistas y los progresistas, constituyen una casta privilegiada a la hora de rendir cuentas de sus posibles delitos, las consecuencias podrían ser devastadoras. El éxito de Alvise se quedaría minúsculo en comparación con lo que podría pasar en las sucesivas elecciones.

Vuelvo al principio. Admitir que el Tribunal Constitucional está actuando imparcialmente, y que carece de importancia que varios de sus miembros hayan ocupado cargos en gobiernos socialistas, conduce inexorablemente a la sensación de que está produciéndose una mutación de los valores en que los que venía apoyándose la democracia española. O bien estaríamos ante un cambio a una nueva forma de democracia, lo que daría un sentido más profundo a la amnistía, o bien estaríamos ante un deslizamiento hacia un sistema populista. Después de todo, no hay por qué presuponer que los populistas obrarán cínicamente. Es muy posible que Mao se creyese a pies juntillas que el sistema de partido único que implantó en China era más democrático que los sistemas de las sociedades europeas. En tal caso, algo tendremos que hacer los paleodemócratas españoles para preservar nuestro sistema, porque quizás lo verdaderamente progresista sea conservar lo logrado en la transición.