La normalización catalana progresa

Es posible que usted, amable lector, esté dudando si ha finalizado el proceso separatista catalán. Habrá oído a los socialistas decir que la amnistía ha normalizado la situación y que es puro fango el rumor de que la dieron a cambio de los votos de los separatistas. Lástima que el presidente socialista de Asturias le recomendase públicamente al candidato Sánchez mantenerse en la Presidencia del gobierno a cualquier coste. A confesión de parte…

Para Michael Ignatieff, “la forma decidida en la que la democracia española rechazó la secesión unilateral fue decisiva”. Se refiere a la aplicación del artículo 155, mérito compartido por el PP y el PSOE, y también a la intervención del Rey. Aunque menos probable, puede que me haya oído decir que el proceso se acabó cuando los cuerpos de seguridad detuvieron a los cabecillas y los jueces los encarcelaron. Y casi seguro que no sabrá que Bernat Dedéu, mi gurú separatista de cabecera, opina que el proceso murió en el mismo momento que Puigdemont suspendió la declaración de independencia y se piró a Bélgica. Sin refutar a ese elenco de tenores del fin del proceso, los peperos dicen que Sánchez ha reavivado el proceso con la amnistía y por sus pactos con los dirigentes separatistas. Los españolistas iban ganando, pero sigue el partido.

Según los socialistas, la victoria del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) en las elecciones regionales ejemplifica el fin del proceso. No obstante, ni siquiera podemos estar seguros de que el PSC haya ganado las elecciones catalanas. Ha obtenido más escaños que los demás partidos, pero, según los mismos socialistas, en una democracia parlamentaria no importa el número de escaños, sino las alianzas para gobernar. En el momento de escribir este artículo, Illa todavía no ha conseguido el apoyo de Rovira, la lideresa de Izquierda Republicana de Cataluña (IRC), ni de Puigdemont, el líder de Juntos por Cataluña (JpC). No me extraña, amable lector, que se encuentre usted braceando en un mar de dudas.

Algunos datos sugieren que, reavivado como dicen los peperos, el proceso separatista progresa adecuadamente. Los dirigentes de IRC tuvieron que disolver la asamblea en la que los militantes iban a decidir si aceptaban entrar en el gobierno municipal de Barcelona presidido por el alcalde socialista Collboni. Y la suspendieron porque iban a ganar los partidarios del No. Aun congelada, esa negativa no favorece que IRC se decante por apoyar a Illa. Consciente de que ese dirigente está atascado, el presidente Sánchez ha encargado al ministro Bolaños que se ocupe de las negociaciones con los separatistas. Quiere darles algo a cambio de sus votos en el Congreso y de la Presidencia catalana. Suma y sigue.

Razonables, los separatistas solo piden tres minucias para apoyar a Illa: controlar todos los impuestos que se recauden en Cataluña, disponer de un poder judicial propio e impulsar el referéndum de segregación. En resumen, los separatistas quieren librarse de la Agencia Tributaria, del CGPJ y obviar el artículo de la Constitución que reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Puede que ahora usted, amable lector, esté sospechando que los separatistas siguen pidiendo lo mismo de siempre. En particular, lo mismo que el TC rechazó en el Estatuto pergeñado por el gobierno tripartito del socialista Maragall y lo mismo que el presidente pepero Rajoy le denegó a Arturo Mas. Y, si siguen pidiendo lo mismo, es que la amnistía no ha servido para normalizar el panorama político catalán. Le haré una confidencia: era difícil que lo lograse porque se dio a cambio de los votos para investir a Sánchez y porque es difícilmente aplicable a los presuntos delitos de malversación y terrorismo por los que se investiga a varios dirigentes separatistas.

Pero lo peor no es que los separatistas sigan a su bola, sino que el PSC está detrás de todo esto. De hecho, fueron pedagogos del PSC los que impulsaron la inmersión docente en catalán, fueron políticos del PSC los que apoyaron la idea de un poder judicial catalán y fueron economistas del PSC los que diseñaron la tesis de que Cataluña sufría un expolio fiscal. Al menos, ahora en el PSC ya no todos defienden el derecho catalán a la autodeterminación, sino solo dirigentes de segunda fila. Eso sí, el lector buscará en vano la bandera española en la mayoría de los ayuntamientos catalanes con alcalde del PSC.

El proceso separatista catalán sigue vivo y, como antes, conceder cualquiera de los puntos citados rompería el principio de igualdad de los españoles y perjudicaría económicamente a las regiones menos desarrolladas. Si el lector está ahora preguntándose qué tiene que ver todo esto con el antiguo ideal igualitario socialista, no puedo darle ninguna respuesta. Yo también me lo pregunto.