El negocio de la educación

El mundo de los negocios se interesa cada vez más por el campo de la educación. La creciente presencia en el sector educativo de fondos de inversión, bancos y empresas de muy diversa procedencia así lo atestigua. Son miles de millones de euros los que desde el sector privado se invierten buscando rentabilidad. Se trata de un fenómeno que adopta diversas formas, pero que, en todo caso, es posible gracias a que las políticas educativas generan contextos favorables para ello.

Estas inversiones se centran, por una parte, en la venta de recursos y servicios; así, al tradicional mercado de libros de texto, se añade hoy la provisión de medios informáticos, programas de enseñanza virtual y otros elementos imprescindibles ante el avance de las nuevas tecnologías en la era digital. Las grandes corporaciones del sector y los fondos de capital riesgo prodigan su apuesta por hacerse con un mercado en continuo crecimiento, vendiendo equipos, actividades de formación, cursos y diversos tipos de soportes de enseñanza para alumnos y profesores.

Las inversiones se dirigen también a la creación de centros propios en distintos niveles de la enseñanza, pero sobre todo en los no obligatorios. En el caso de la Educación Infantil, en el curso 2009-10 había en Andalucía 930 centros privados, mientras que en el curso 2020-21 alcanzaban la cifra de 1.581, es decir, un 70% más, mientras que los centros públicos aumentaron un 18%. En Bachillerato el número de centros privados aumentó un 16%, mientras que el de los públicos lo hizo en un 11%. En la Formación Profesional de Grado Medio el incremento del número de centros privados ha sido del 59%, mientras que el de centros públicos fue del 3%. Donde el aumento de la inversión privada en la creación de centros ha sido más espectacular es en el caso de los Ciclos de Grado Superior de la Formación Profesional. Entre el curso 2009-10 y el 2020-21, el número de centros privados que imparten estas enseñanzas ha aumentado un 108%, mientras que el de los centros públicos lo ha hecho en sólo un 12,5%.

La enseñanza universitaria también es objeto de interés por parte del mundo de los negocios. En 2017 el sector facturó 2.255 millones de euros, tres años después la facturación aumentó un 20%, ascendiendo 2.715 millones de euros. Mientras que en 1995 eran siete, actualmente son 40 las universidades privadas que operan en España, representando ya casi el 50% del total de universidades. En Andalucía la implantación de universidades privadas empieza en 2011 con la Loyola. Recientemente se ha dado el visto bueno para la puesta en marcha de otras dos, la Fernando III el Santo en Sevilla y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea en Málaga, una universidad on line promovida por el fondo de inversión norteamericano KKR, que recientemente se hizo con el grupo Medac.

Las inversiones de capital privado ponen de manifiesto las expectativas de rentabilidad, expectativas que se sustentan, por una parte, en un aumento de la demanda. En el caso de la Educación Infantil este aumento responde al creciente proceso de escolarización en el primer ciclo -de 0 a 3 años-, animado por las administraciones públicas. En lo que hace a la FP hay que pensar en los requerimientos de cualificación del mercado laboral que está generando la evolución de la economía española. Además, está aumentando la demanda de títulos universitarios, dado que hoy día estos títulos son casi un requisito para acceder a puestos de cierto estatus profesional. Pero, por otra parte, este aumento de la demanda por sí sólo no generaría esas expectativas si no se complementara con políticas de abandono del sector público, políticas que, al reducir la oferta y los recursos, generan el vacío al que acuden los inversores privados.

Junto a las dudas que se suscitan sobre la calidad de la formación que proporcionan algunas universidades privadas, la creciente presencia del mundo de los negocios y la desafección del sector público está produciendo un aumento del gasto de las familias en educación. Mientras que en el curso 2009-10 el gasto familiar en servicios educativos fue de 8.543 millones de euros, en el 2019-20 alcanzó los 11.417 millones de euros, casi un 34% más, sin contar el gasto -también en cada vez mayor- en bienes educativos. Es evidente que esta situación profundiza en la desigualdad, pues no todos disponen de los mismos recursos y, por tanto, de las mismas posibilidades para acceder a los mismos niveles de formación.