La hora de la justicia

No hay diálogo posible ni nada que negociar con el independentismo. O Constitución y Estado democrático de derecho o república catalana independiente. Éstas y no otras son las alternativas que están en juego. Los independentistas ya han manifestado, por activa y por pasiva, cuáles son sus premisas de partida: La república catalana independiente ya fue promulgada y no piensan retroceder hacía otra fórmula diferente.

Ésa es la situación y, seguro que más pronto que tarde, si el Gobierno se mantiene firme en la defensa de la Constitución y del Estado democrático, habrá voces que volverán para pedir que la secesión catalana se trate con medidas políticas y no con el uso de los tribunales de Justicia. De nuevo el archisabido truco de colocarse por encima del bien y del mal pidiendo aquello de "por favor hagan algo" sin tener la más mínima idea de en qué consiste ese algo, pero quedando bien ante la audiencia y dando nuevas alas al independentismo que se siente amparado y respaldado por aquellos que reclaman algo que quepa en medio del delito y de la legalidad. Los mismos que reclaman mano dura contra el islamismo radical y a los que no se les ocurriría argumentar con aquello de que existe un problema y habrá que sentarse a dialogar con los terroristas porque el problema está ahí y "habrá que hacer algo", son los que alimentan el independentismo cuando acusan al gobierno de no "hacer algo", o de "no ser valientes" que decía una portavoz de Podemos, confundiendo valentía con cobardía.

Aquellos que han venido practicando un continuo desacatamiento de la legalidad vigente, de la Constitución y de sus órganos jurisdiccionales, se enfrentan a la decisión de los tribunales de Justicia que ya han iniciado otro proceso -éste sí que va en serio- para juzgar esos hechos presuntamente delictivos. Quienes piden en su famoso documento de 21 puntos que en España se defienda la separación de la Justicia del resto de los poderes del Estado, no dejan de exigir al Gobierno que interfiera en los órganos jurisdiccionales para que no se condene a los golpistas. La Fiscalía acusa a los independentistas procesados por la comisión de varios delitos, entre ellos, el más grave, de rebelión. Desde el independentismo y desde el buenismo se defiende que lo ocurrido en estos últimos años no se compadece con un golpe de Estado, porque asocian esa acción con un levantamiento militar contra el Gobierno legalmente constituido, y que lleva aparejado la violencia, la insurrección y la revolución cruenta. ¿Cómo calificar los ataques incruentos a la democracia desde dentro de la propia democracia, perpetrados por Nicolás Maduro en Venezuela con su Asamblea constituyente, o en Nicaragua con la persecución a todo aquel que osa enfrentar el poder del "revolucionario" Ortega? El siglo XX también nos obsequia con varios ejemplos que ponen de manifiesto las nuevas versiones que de la rebelión se han llevado a cabo con las nefastas consecuencias de todos conocidas.

Quien piense que se trata de una exageración la acusación de golpistas atribuida a los independentistas, solo tiene que examinar el comportamiento de esas personas desde que Artur Mas llegó a la presidencia de la Generalidad hasta el día de hoy. Para ellos, es decir, para la CUP, ERC y el PDeCAT, Cataluña está formada por un conjunto de ciudadanos catalanes que apoyan el independentismo; el resto, los que no son nacionalistas-independentistas, viven en Cataluña, pero son antipatriotas catalanes, enemigos de Cataluña y franquistas. Era el franquismo el que sostenía dictatorialmente que en España había una sola ideología, un solo pueblo, una unidad obligada de toda la sociedad civil tras sus caudillos golpistas. Exactamente lo mismo que viene haciendo la Generalidad y el Parlamento catalán, cada vez más parecido a las Cortes franquistas o a la Asamblea constituyente de Maduro.

En definitiva, en Cataluña hace ya casi siete años que desapareció la legalidad constitucional. El Parlamento está liquidado, poniéndose de manifiesto que la separación de poderes en Cataluña hace tiempo que pasó a mejor vida. Cada día que pasa y con cada declaración que hacen los caudillos independentistas, se pone de manifiesto que en Cataluña no rige el sometimiento de todos a la ley. Y por eso, somos muchos los que confiamos en que la Justicia pondrá a cada cual en su sitio y que el permanente ataque a la democracia, a los valores cívicos y a la convivencia de todos los catalanes no le saldrá gratis a quienes desafiaron el orden constitucional.

No es el temor a perder parte del territorio lo que nos mueve a muchos a oponernos a los independentistas. Es la defensa de la Constitución lo que está en juego y lo que se debe juzgar por quienes tienen poder para hacerlo.