A gusto de todos

Me alegro de no haber asistido al XLI Congreso Federal del PSOE. Acostumbrado a que el Secretario General saliente tomara la palabra al inicio del Congreso para defender la gestión de la Comisión Ejecutiva, y a las intervenciones de las delegaciones para realizar la crítica total o parcial de la misma, me hubiera creído estar en un congreso del Partido Popular donde esa práctica democrática ha brillado siempre por su ausencia. No hubiera entendido que nadie levantara su tarjeta para tomar la palabra y pedir explicaciones de las razones que han llevado a salir del Congreso anterior con un secretario de organización elegido y comenzar el Congreso XLI con otro secretario de organización distinto. Fue una delegada de la corriente de opinión de Izquierda Socialista la que pidió la palabra para antes de votar manifestar lo que se pensaba desde esa delegación. El presidente del Congreso no se la concedió. Recordé los congresos socialistas en los que los debates sobre la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal tenían una duración de 5 o 6 hora mínimo. A ningún presidente de la mesa de esos congresos se le hubiera ocurrido anunciar que se aprobaba la gestión sobre los órganos de dirección por asentimiento. ¿Cómo se puede asentir sin hablar? Asentir sin que nadie pida explicaciones sobre los motivos que llevaron a la Comisión Ejecutiva a incumplir algunas de las resoluciones más importantes de las votadas en el anterior Congreso Federal, es un acto de sumisión de quienes, por lo visto, no tenían nada que decir.

El asentimiento de los delegados prestando su aquiescencia sin que nada se sepa de lo que pensaban hablar y hacer, ha contribuido a la oscuridad en la que se desenvolvió un Congreso del que apenas nada sabemos, salvo de la honorabilidad de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán –cosa con la que estoy de acuerdo y he defendido siempre frente a quienes renegaron de ellos y les retiraron la asistencia jurídica que les facilitaba el partido– y de la defensa de cuantos están sometidos al escrutinio de la Justicia y de la opinión pública.

Muchos somos los militantes que esperábamos un texto sobre la financiación autonómica que no se prestara a interpretaciones o que nos conduzca a discutir o polemizar sobre lo que quedó escrito al albur de quien lo lea.

Un texto equívoco provoca discusiones estériles. Y lo que se ha aprobado es absolutamente interpretable. Manos libres para que el Gobierno escoja el modelo que más le interese en el momento de ponerlo a votación. Puesto que se aprobó (¿también por asentimiento?), más tarde no valdrán interpretaciones interesadas en función de los territorios en los que se milite o de la situación del PSOE en esas demarcaciones.

Según algunos medios de comunicación, el PSOE ha acordado por unanimidad un modelo al gusto de todos los barones: “La reforma del sistema de financiación autonómica debe garantizar mayores recursos para todas las Comunidades Autónomas, reforzando los servicios públicos y reconociendo las singularidades y las diferentes variable determinantes en su coste”. O sea igual que todos los modelos aprobados, con la excepción de “reconociendo las singularidades”. Y ya sabemos en qué consiste la “singularidad de Cataluña”. El resto de singularidades son las de siempre: población, distancia en los servicios, edad de la población, insularidad, inmigración, dispersión territorial, etc.

Desde que funciona el Estado Autonómico, los sistemas de financiación, obligados por la Constitución, exigen que la educación de un niño en un pueblo de Jaén sea equivalente a la educación de un niño en Madrid. Como cuesta más ofrecer la misma educación en un barrio de un pueblo de Jaén que en un barrio madrileño, la financiación de uno será más cara que la de otro, lo que es tenido en cuenta por el sistema.

Mayores recursos para todos y reforzamiento de los servicios públicos es lo de siempre. Quienes han aceptado la nueva fórmula han aceptado la “singularidad para Cataluña”. El acuerdo añade el “sin perjuicio de la relación bilateral del Estado con cada Comunidad en función de lo recogido en los diferentes Estatutos. El artículo 206,5 del Estatuto de Cataluña dice: “El Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación”. Blanco y en botella: Principio de ordinalidad. Nadie se opuso en el Congreso que se clausuró el domingo pasado. ¿Tenemos derecho a que se nos explique para que sepamos si también es al gusto de los ciudadanos?