Unos fondos claves en la sanidad

Una interesantísima publicación que aúna estudios recientes de Marchena-Gómez y varios autores bajo el nombre Andalucía y los Fondos Europeos. Una especial consideración a NextGenerationEU destaca el papel crucial de los fondos europeos en la política de inversión regional en Andalucía. A lo largo de cuarenta años, estos fondos han sido fundamentales para el desarrollo regional, aunque Andalucía sigue estando por debajo del 75% de la renta promedio europea. No obstante, estos fondos han contribuido significativamente al desarrollo de infraestructuras y equipamientos, así como a la articulación espacial de la región.

Este estudio es especialmente relevante para el análisis de las inversiones de los Fondos REACT-EU, ya que proporciona un contexto histórico y regional sobre la utilización y el impacto de los fondos europeos en Andalucía, perspectiva que es esencial para entender la importancia de una gestión eficaz y estratégica de los recursos financieros en la mejora de los servicios de salud de nuestras provincias.

En el caso de Andalucía, nos encontramos con una de las regiones más desfavorecidas del país. En este sentido, la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 subrayó la necesidad de reforzar las infraestructuras y servicios sanitarios en Huelva. En este contexto, los fondos europeos REACT-EU (Asistencia a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa) han jugado un papel crucial. Estos fondos, parte del Programa Operativo 2020-2024, y han permitido a Huelva la mejora de la infraestructura sanitaria y fortalecer los servicios críticos. La importancia de estos fondos radica en su contribución a la modernización de equipos médicos, la mejora de la eficiencia energética en instalaciones hospitalarias y la ampliación de infraestructuras de salud.

Originalmente, en el Marco Estratégico Común 2014-2020, el Servicio Andaluz de Salud contó con el apoyo financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) por un total de 78.906.288 euros, cuya distribución se concentraba en dos objetivos específicos, por un lado, promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e inclusión y, por otro, la inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuyera al desarrollo nacional, regional y local, y redujera las desigualdades sanitarias y transición de los servicios institucionales a los servicios locales.

Con el impacto de la pandemia de Covid-19 esta financiación tuvo que evolucionar para adaptarse a las nuevas prioridades y, finalmente, el SAS ha gestionado un crédito de más de mil millones de euros a través de diversas líneas de financiación distribuidas, por un lado, el Programa Operativo 2014-2020 que se ha centrado en la mejora de infraestructuras sanitarias, la eficiencia energética y las tecnologías de la información y comunicación (TIC); por otro, la línea Covid-19 creada para responder a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, destinando fondos a la adquisición de equipos médicos y la ampliación de la capacidad hospitalaria. Por otra parte, la iniciativa REACT-EU cuyo objetivo era mitigar los impactos económicos y sociales de la pandemia, proporcionando financiamiento adicional a los fondos estructurales existentes, y, por último, y no menos importante, los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia (MRR) que son parte del Plan de Recuperación para Europa, destinado a financiar proyectos que promuevan la sostenibilidad, la digitalización y la resiliencia económica y social.

Ahora estrenamos nuevo programa Feder 2021-2027 en Andalucía con una apuesta prometedora, muy especialmente, en la Eficiencia Energética y las TIC. Desde la gestión sanitaria, y bajo el marco jurídico de nuestra Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que diferencia procesos contractuales es crucial continuar utilizando una estrategia diversificada. La implementación de un sistema de monitoreo y evaluación continua permitirá identificar áreas de mejora asegurando la eficiencia y transparencia en los procesos de contratación y la agilización en la ejecución, que se traduzca al progreso asistencial.