Financiación y Estatuto de Autonomía

El acuerdo entre el PSC y ERC sobre la financiación de la Comunidad Autónoma de Cataluña ha sido el pretexto a raíz del cual ha desatado la derecha una tormenta política que dura ya varios meses, y sobre la cual ha encontrado –una vez dada por amortizada la amnistía– un pilar en el que continuar con la erosión del Gobierno. En ese contexto, el presidente de la Junta de Andalucía ha mantenido una reunión con el presidente del Gobierno para abordar cuestiones varias, de entre las cuales el propio Moreno Bonilla ha destacado su oposición frontal al mencionado acuerdo. En las semanas previas al encuentro el PP, con Feijóo a la cabeza y Ayuso marcando el paso, ha sostenido que la financiación de las comunidades autónomas, y la de cada una en particular, sólo puede ser abordada en un marco multilateral, llegando a expresar de forma un tanto chocante la prohibición a los presidentes populares de abordar la problemática de la financiación en los encuentros convocados por el Presidente Sánchez.

De esta forma, se ha puesto el foco de la opinión pública no sobre la necesidad de abordar la reforma de un sistema de financiación de las comunidades autónomas sino sobre los supuestos daños irreparables que el acuerdo sobre Cataluña habrá de producir a la igualdad entre españoles, llegándose a poner como condición para una hipotética negociación la retirada de ese acuerdo. Reforma del sistema de financiación sobre la que aparentemente existe una práctica unanimidad en calificar como necesaria desde hace años, y para la cual Andalucía tiene un modelo aprobado en el año 2018 por el pleno de su Parlamento con el apoyo de PSOE, PP , Podemos e IU-CA.

El presidente Moreno no ha ido a la reunión con el Presidente del Gobierno a defender y proponer el modelo aprobado por el Parlamento de Andalucía, sino que, fiel a la consigna de su partido, ha llegado a decir que todo lo que afecte a la financiación de Andalucía solamente se debe abordar en reuniones multilaterales porque “afecta a la financiación de las demás Comunidades”. Él sabe perfectamente que eso es falso, pero lo dice para justificar la prohibición de Feijóo y Ayuso. Ante esta renuncia expresa del máximo responsable de nuestra Comunidad al ejercicio de sus responsabilidades institucionales, me parece que puede ser ilustrativo bucear en nuestra norma máxima para poder medir el alcance y la gravedad de lo que está sucediendo. El Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla en el Artículo 177 de su Capítulo III, relativo a la Hacienda de la Comunidad Autónoma, que “El Estado y la Comunidad Autónoma procederán a la actualización quinquenal del sistema de financiación, teniendo en cuenta la evolución del conjunto de recursos públicos disponibles y de las necesidades de gastos de las diferentes Administraciones”. Y sigue diciendo: “La actualización a la que hace referencia el anterior apartado deberá ser aprobada por la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma”.

Pero nuestro Estatuto dice más, porque según el artículo 184 esa Comisión Mixta “es el órgano bilateral de relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma en el ámbito de la financiación autonómica. Le corresponde la concreción, aprobación, actualización y el seguimiento del sistema de financiación, así como la canalización del conjunto de relaciones fiscales y financieras de la Comunidad Autónoma y el Estado, y ejercerá sus funciones sin perjuicio de los acuerdos suscritos por la Junta de Andalucía en esta materia en instituciones y organismos de carácter multilateral”. Queda claro, pues, que nuestro Estatuto contempla perfectamente el cauce para dar respuesta a la reforma del sistema de financiación, combinando su actualización por un órgano bilateral –la Comisión Mixta– con los organismos multilaterales que sean precisos, como sería, en su caso, el Consejo de Política Fiscal y Financiera establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

El presidente Moreno no ha querido hablar ni de la quita de la deuda de la Comunidad Autónoma –¿cuántos millones de euros se ahorraría Andalucía?– ni de un fondo provisional para compensar las necesidades de financiación de Andalucía mientras se cierra la reforma del sistema, ni de todas aquellas cuestiones que el Estatuto residencia en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. El presidente de la Junta renuncia expresamente al ejercicio de nuestra autonomía. Renuncia además a cumplir las previsiones de nuestra norma máxima, el Estatuto. Renuncia también a que Andalucía tenga voz propia en la defensa de sus intereses generales. ¿De verdad que le merece la pena todo esto por seguir obedientemente la consigna del señor Feijóo para utilizar este asunto como arma contra el Gobierno?

Debería recordar el señor Moreno Bonilla que juró cumplir y hacer cumplir el Estatuto de Autonomía, y que según su artículo 117 “ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma”. Lamentablemente, ni ha cumplido ni me representa.