Los efectos de la crisis en el empleo

Apesar de las medidas paliativas, el impacto de la crisis del coronavirus en el empleo está siendo muy elevado. Los datos a final de abril en Andalucía eran 978.297 parados registrados, 477.392 trabajadores acogidos a ERTE y en torno a 200.000 autónomos que han solicitado una prestación por cese de actividad, lo que elevaba las personas sin trabajar a 1,6 millones, el 42% de la población activa, mientras que en España era el 37,6%.

El proceso de desescalada en el mes de mayo está permitiendo reducir los trabajadores acogidos a ERTE (en torno al 20%), y se podría intensificar los próximos meses por la disminución de las restricciones y, singularmente, por las mejores perspectivas turísticas, pero dado que las previsiones económicas para el conjunto del año son fuertemente recesivas y que muchas empresas que se encuentran acogidas a ERTE no podrán sobrevivir por la disminución de la demanda, el aumento de la competencia o las restricciones de la crisis sanitaria, la mayor parte de los analistas encuentran difícil que la tasa de paro española baje del 20% en 2020.

El nivel de desempleo será desigual territorialmente, y vendrá determinado por las diferentes especializaciones productivas de las comunidades y por la resiliencia de éstas a la crisis. Según la afiliación media a la Seguridad Social en 2019, Andalucía está especializada en relación a la media española en algunas de las actividades más afectadas por la crisis, como el comercio, la hostelería y la construcción, y en otras con mayor capacidad de resistencia, pero que acumulan menos empleo, como la agricultura y administraciones públicas. Por el contrario, está subespecializada en actividades con mejores perspectivas, como información y comunicaciones, actividades profesionales y algunas industrias. Como, además, Andalucía parte de una tasa de desempleo seis puntos más elevada que la española y la tasa de temporalidad es significativamente más alta, sus perspectivas laborales pueden ser algo más complicadas.

En un reciente artículo en el Boletín Económico del Banco de España sobre Transferibilidad de habilidades de los trabajadores en los sectores potencialmente afectados tras el Covid-19, se analiza la evolución de la afiliación en la Seguridad Social entre el 28 de febrero y el 30 de abril, constatando que los sectores relacionados con el turismo, la hostelería, el ocio y el comercio, son los que se han visto más afectados por las medidas adoptadas para limitar la incidencia de la pandemia. El artículo también constata la elevada participación de jóvenes, mujeres y colectivos con menos formación, escasa experiencia y contratos temporales entre los trabajadores afectados por ERTE. A diferencia de lo que ocurrió tras la crisis de 2008, cuando los excedentes laborales provenían fundamentalmente del sector de la construcción, y fueron recolocándose en la hostelería, restauración, comercio y otras actividades turísticas, ahora el empleo excedente de estas actividades en pocos casos tendrá las habilidades requeridas para las demandas de sectores potencialmente en expansión y en tareas asociadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones, la escritura, la lectura y las habilidades numéricas, por lo que las posibilidades de empleo de los nuevos parados serán limitadas.

Por ello, es comprensible la preocupación mostrada recientemente por el Consejo Europeo al señalar que "las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuirán probablemente de forma desigual en las distintas autonomías españolas debido a sus diferentes modelos de especialización", identificando entre ellas Andalucía, con un riesgo sustancial de que se amplíe la divergencia con la media nacional, lo que requiere "respuestas políticas específicas".

De las consideraciones anteriores se deriva que la crisis golpea especialmente en regiones más especializado en actividades intensivas en empleo temporal y no muy exigente en cualificación ni en soportes tecnológicos complejos. Por ello, si bien un cambio radical del modelo productivo no es factible a corto plazo, si parece conveniente ir aumentando la especialización en actividades con demandas en expansión, que se soportan más en capital tecnológico y en recursos humanos de mayor cualificación. Este cambio de orientación sólo lo pueden realizar los empresarios, que son los que detectan las oportunidades del mercado, pero las Administraciones Públicas deberían no reiterar en las políticas erradas del pasado y centrar sus programas de recuperación, por una parte, en políticas de formación profesional de calidad y acordes con las necesidades de la demanda y, por otra, en políticas de apoyo a las empresas con más potencial de futuro, que serán las que podrán crear empleos estables y cualificados.