Algunos deberes del nuevo curso

Como cada año, los primeros días de septiembre nos ofrecen el ritual del comienzo de un nuevo curso escolar en el que se mezclan escenas entrañables, caras de alegría o llanto y emocionados saludos entre amigos y compañeros. Queda por delante un largo camino en el que estudiantes, familias y profesores tienen que hacer frente al reto de satisfacer las esperanzas que la sociedad pone en la escuela, cumpliendo cada uno con su papel, aportando la correspondiente dosis de esfuerzo, motivación y profesionalidad. Más allá de estos requisitos previos, la página de los deberes de los escolares está todavía en blanco, pronto se irá rellenando y pondrá a prueba el entusiasmo y la resistencia de cada uno. La peculiaridad de este curso escolar es la aparición en la escena de un nuevo actor: es la primera vez que en Andalucía la gestión del sistema educativo está en manos de un Gobierno cuya Consejería de Educación no está dirigida por el PSOE. Sin embargo, a decir verdad, apenas ha habido tiempo para que los nuevos gobernantes hayan podido poner en marcha sus propias políticas, de manera que puede decirse que, de momento, casi todo se gestiona con la herencia recibida. Ni siquiera la tan publicitada reducción de la ratio es obra suya -ni de los anteriores-, sino producto de la naturaleza, no de la política. En cualquier caso, la página de los deberes de la nueva aAdministración no está en blanco como la de los alumnos, contiene ya muchas tareas a las que la responsabilidad de gobierno les obliga a hacer frente. No creo que les resulten desconocidas.

La inversión en educación es la principal asignatura pendiente. El brutal descenso de recursos ocurrido durante el período de la crisis apenas se ha recuperado con los tímidos crecimientos de los dos últimos años. Andalucía sigue en el furgón de cola del gasto por alumno. Dedicar a la educación un mínimo del 5% del PIB es hoy un objetivo que en nuestro caso resulta inaplazable. No basta con esperar a que el descenso de la natalidad reduzca el número de alumnos por aula, es necesaria una política proactiva que amplíe la plantilla de docentes y permita una atención más personalizada, evitando la masificación que ocultan las medias estadísticas en los centros escolares de las grandes ciudades andaluzas. Si la reducción del gasto educativo ha sido importante, el capítulo de inversión en recursos materiales e infraestructuras es de los que más se ha resentido. No puede ser que las aulas estén congeladas en invierno y achicharradas en otoño y primavera. Ni es de recibo que en los albores del siglo XXI -en la época del 5G, 3.0 y Big Data- los centros escolares acusen una notable carencia de medios o dispongan de materiales obsoletos que no sabemos de un día para otro si van a funcionar. Para mejorar la educación en Andalucía, aumentar el gasto es un requisito, no una opción. En su momento se presentó un proyecto de ley para blindarlo en el mínimo del 5% del PIB, proyecto que entonces fue rechazado. Veremos qué ocurrirá con el próximo Presupuesto de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, una suerte de eficientismo tecno-burocrático se ha apoderado del sistema educativo, un pegajoso magma que impregna la actividad de los docentes y ocupa inútilmente una parte importante de su tiempo. Bajo el supuesto de que se ha descubierto una fórmula mágica -aunque confusa y variable- capaz de resolver todos los problemas de aprendizaje del alumnado, la práctica de la enseñanza se va convirtiendo en una tarea meramente administrativa en la que los profesores son terminales ciegas de una compleja y críptica maquinaria (Séneca). Esta ideología del progreso contra el fracaso escolar ha tomado cuerpo en multitud de leyes, órdenes, decretos e instrucciones que sume al profesorado en una cierta esquizofrenia invalidante. En la época de la autonomía de los centros, nunca se había legislado tanto sobre la pedagogía. Objetivos, contenidos, competencias, estándares, criterios y rúbricas de evaluación…son algunos de los artefactos que hay que sortear día a día en los centros escolares. Vivimos en un marasmo normativo que es necesario podar y clarificar. Es cierto que, en parte, este es asunto que excede las competencias autonómicas, pero puede pedirse a la Administración andaluza que, al menos, no lo ponga más difícil.

En fin, es probable que en el cuaderno de los deberes de este nuevo curso escolar haya muchas otras tareas que tienen que ser anotadas, porque los déficits son muchos. Quizás la sugerencia de aumentar significativamente el gasto en educación y contener la hidra del burocratismo puede ser una especie de evaluación inicial.