El consuelo del divergente

El Comité Europeo de las Regiones ha aprobado el reglamento de los fondos de cohesión para el periodo 2021-2017, lo que puede significar un aumento de la financiación para España de un 5% superior a la del marco en vigor. Y ello a pesar de la reducción del presupuesto europeo por la salida del Reino Unido y de la disminución en un 20% de las tradicionales políticas comunitarias (agraria y de cohesión), lo que viene motivado por la redistribución territorial de estos fondos por el impacto desigual de la crisis, que ha aumentado la participación del PIB de los países del este de Europa y de los más desarrollados (Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Bélgica, Austria, Suecia y Dinamarca), y ha disminuido la participación de los del sur (Portugal, Grecia, Italia y España).

Andalucía viene beneficiándose de los fondos de cohesión europeos desde la integración de España en la Comunidad Europea en 1986 como región menos desarrollada por tener un PIB por habitante inferior al 75% de la media europea. En el marco 2014-2020 ascendió a región en transición al elevarse el PIB por habitante al 80% de la media europea, gracias al notable crecimiento de los años del boom inmobiliario y de la incorporación de países del este europeos menos desarrollados. Sin embargo, el impacto más intenso en el periodo de crisis ha reducido el PIB por habitante andaluz hasta el 66% del europeo en 2015, lo que ha determinado su regreso al grupo de regiones menos desarrolladas. Además del PIB por habitante, Andalucía se podrá beneficiar de nuevos criterios, como la tasa de paro (especialmente la juvenil), la recepción e integración de inmigrantes y el bajo nivel educativo.

Todas estas consideraciones determinan que Andalucía pueda aumentar la recepción de fondos de cohesión europeos entre un 20 y un 25% respecto al marco anterior, lo que sin duda constituye una buena noticia. Aunque nos surge otra de mayor trascendencia: la incapacidad de la región para converger con la economía europea y la media española (con esta incluso en la fase de recuperación, como puede apreciarse en el gráfico adjunto). Es por ello por lo que, una vez más, nos preguntamos por las razones que nos impide converger, máxime cuando hemos recibido más de 100.000 millones de euros desde que nos integramos en Europa, en su mayor medida para mejorar nuestra capacidad productiva.

La explicación se encuentra en la cantidad y calidad de nuestros factores de crecimiento, que suele dividirse en recursos naturales, recursos humanos y capital. En cuanto al primero de ellos, si bien es cierto que carecemos de algunos recursos importantes (energía fósil), disponemos de otros de creciente valor (espacios naturales, costas y clima). En las dotaciones de capital humano los recursos son crecientes si nos atenemos al número de egresados en los distintos niveles formativos, pero diversos indicadores, como los niveles educativos, el gasto público y privado, los niveles de fracaso escolar, los de equidad y aprovechamiento de los informes PISA,… ponen de manifiesto las limitaciones formativas. También es trascendental la baja dotación de capital, no tanto del capital público (infraestructuras y equipamientos), como del capital directamente productivo (maquinaria, capital TIC, equipos de transportes), fruto de la baja inversión empresarial.

A estos factores de producción tradicionales debe sumársele el marco institucional de cada sociedad, a lo que el análisis económico aplicado le otorga una creciente importancia, puesto que determina los incentivos para que los factores tradicionales de crecimiento se pongan en valor y su eficiencia. Entre ellos puede distinguirse la calidad del marco normativo, las instituciones públicas creadas por estas normas y las políticas que ejecutan, y la funcionalidad de las actitudes y códigos de conducta para con el progreso. Imposible abordar aquí las características del marco institucional andaluz, al que ya me he referido en otros artículos en este diario, pero si debo señalar que en cuanto a las políticas que han orientado la aplicación de los fondos de cohesión europeos, y a diferencia de otros países y regiones de Europa (singularmente de Irlanda), hemos utilizado más intensamente la financiación europea para aumentar las dotaciones del Estado del Bienestar y fortalecer las instituciones políticas regionales que para mejorar nuestra capacidad productiva. Una opción política legítimamente defendible, pero que tiene sus consecuencias en el medio y largo plazo como nuestros diferenciales de renta, empleo y paro.

Con el nuevo marco de apoyo se nos presenta otra oportunidad de replantear las opciones de política económica.