Por la completa culminación del proyecto de las Atarazanas

Se recrudece la ofensiva contra el proyecto de las Atarazanas por parte de Adepa, que lo lleva otra vez ante el juez con las mismas acusaciones falaces de hace ocho años. Vuelve con abuso de fanfarria mediática, a bombo y platillo, como subrogado de los fundamentos de que carece, y de los propios media como sucedáneo del Boletín Oficial del Estado. Repite la tergiversación que la indolente administración cultural de esos años no supo recurrir, dejándose suplantar en sus funciones por Adepa de modo impropio. La tímida recuperación posterior de su sitio por la Administración Pública eludió denunciar y reclamar la anulación del convenio de la impostura, que Adepa vuelve a esgrimir en defensa de su okupación de unas atribuciones públicas que nunca debieron cedérsele.

Así que, ante esta nueva arremetida, vengo a recordar (resumidamente) lo que ya dije en anteriores ocasiones. No como "otro artículo del arquitecto amigo de Vázquez Consuegra", según ha dicho Adepa. Alegato por demás absurdo, no sólo porque la obra de este arquitecto no lo necesita -se defiende por sí sola- sino sobre todo porque, aun de ser cierto, no afectaría a la irrefutabilidad de lo que digo.

Lo que hago es aprovechar este debate para insistir en los peligros de un conservacionismo integrista, de orientación arqueologista, en la protección del patrimonio, que es lo que defiende Adepa. Que ésta cuestione la legitimidad de hacerlo, sin concederme la misma licencia que se otorga a sí misma, no hace sino desvelar su pretensión de prevalencia sobre la opinión particular de cualquier otro ciudadano, sin otro fundamento que su autodesignación como autoridad en la materia, y el papanatismo reinante en sectores muy influyentes de la comunidad, que se lo admiten y toleran.

Eso sí, me acojo a la excelencia del proyecto de Vázquez Consuegra para subrayar la importancia de la rehabilitación de este edificio para la ciudad, y de la necesidad de abandonar esa concepción arqueologista del patrimonio arquitectónico de la que Adepa se ha autoerigido en depositaria y guardián.

Una dogmática fundamentalista, de nefastas consecuencias para el patrimonio arquitectónico -no hay más que contar los edificios patrimoniales ya perdidos, o las crecientes listas del patrimonio en peligro- sin que este desastre baste para disuadir del desatinado predicamento de que goza entre los políticos que la adoptan.

La nota del Colegio de Arquitectos, suscrita por su decana Nuria Canivell lo deja meridianamente claro: rehabilitar no es restaurar, ni tiene por qué serlo: "la contemporaneidad no es una falta de respeto al pasado, es una inexcusable consecuencia del presente". De hecho, el pasado siempre aplicó este principio. Con los criterios de Adepa no hubieran sido posibles la mayoría de los edificios que hoy constituyen el patrimonio arquitectónico que presume defender.

En realidad, mi defensa del proyecto de Atarazanas es la cara inevitable de una moneda cuya cruz, y objeto primario de mi ataque, es el conservacionismo talibán del que Adepa ha hecho bandera. Ahora bien, esta discusión tiene dos frentes, uno, el administrativo, otro, el nematológico, el de las ideas y teorías de la arquitectura y de la ciudad. Para entrar en éste no hay espacio aquí, para aquél sí, y además con urgencia, por la importancia del edificio para la ciudad. De modo que, siendo aquella la temática a la que quiero llegar, aquí he debido centrarme en fines más perentorios.

Y así, me ciño básicamente a recordar, como demostré en artículos anteriores, que las acusaciones de Adepa son falsas: no era, ni es, preceptiva la excavación, ni menos aún la recuperación de la cota de implantación del edificio, ni se le añadía edificabilidad, ni cabía la producción de daños patrimoniales, ni faltaba el informe de la Comisión del Patrimonio. Estas falsedades, indujeron aquella resolución judicial, que fue el medio de que se valió la Asociación de marras para obtener un control administrativo sobre las obras absolutamente improcedente e inadmisible, tomando a la Consejería como rehén de su facultad de retirar el recurso.

Así que la aspiración que alimenta este escrito es contribuir, en lo posible a neutralizar la denuncia formulada por Adepa e insistir en la necesidad de culminar las obras en su totalidad, evitando la mutilación del proyecto original y el fracaso inherente a la dejación como inacabada de una obra de la importancia de las Atarazanas de Sevilla.

Y por todo ello solicitamos de la Consejería de Cultura:

1º) La anulación del citado Convenio, por la ausencia de fundamento legal de las condiciones exigidas, y por haber sido obtenido a partir de unas acusaciones que se han demostrado falsas, que dieron lugar a una suspensión cautelar y a la insólita cesión a Adepa de control administrativo sobre el proyecto.

2º) La ejecución completa del Proyecto de Vázquez Consuegra y subsiguiente asignación de los recursos necesarios para tal fin, que la indebida concesión a las exigencias de Adepa ha desviado a obras no previstas en detrimento de las proyectadas, que ahora podrían quedar inacabadas.