No hay bien que por mal no venga

J OSÉ Luis Corcuera fue un excelente ministro del Interior que dimitió por haber empeñado su palabra respecto al contenido de la ley de seguridad ciudadana que elaboró su ministerio, y al que se le descalificaba porque surgió del mundo obrero -en 1963 ya era aprendiz en Altos Hornos de Vizcaya- y desde allí fue ascendiendo en el sindicalismo. En 1976 dejó su puesto de electricista y se dedicó en exclusiva a la UGT. La crítica era por no haber sido universitario, de lo que se deduce que si hubiera estado en posesión de alguna licenciatura o de alguna ingeniería se le hubiera tratado de forma más amable. Ese ejemplo puede ayudar a comprender las razones por las que algunos políticos decidieron inflar su currículo; el objetivo era ponerse un escudo para protegerse de críticas ácidas, despreciativas y bastante clasistas y elitistas.

Si cualquiera de esos que han hinchado su expediente académico hubiera sido médico, no hubieran tenido el más mínimo problema en aumentar su cualificación cambiando el título de licenciado en medicina por el de doctor. Nadie se habría metido con ellos porque en España se permite llamar doctor a quienes sólo son licenciados cuando esa licenciatura lo es en medicina. La mayoría de médicos españoles saben que sólo son licenciados, pero no conozco a ninguno que no ponga en la placa del bolsillo de la bata o en el frontal de su puerta la denominación de doctor. ¿Y qué? Tampoco es importante si se tiene la seguridad de que ese médico ejerce su profesión porque sacó limpiamente su licenciatura y desarrolló el MIR de acuerdo a lo que exigía el programa en vigor. Conozco médicos excelentes que no hicieron nunca el doctorado.

De igual forma, a nadie llama la atención que uno de los programas más vistos de la televisión española lleve por título el pomposo y pretencioso de máster chef. Todos sabemos que eso que se imparte por tres cocineros no es un máster en el sentido universitario del término, pero tampoco creo que importe demasiado que quienes ganen ese concurso se vayan a su casa con ese título en el bolsillo.

Entiendo, por lo tanto, que lo importante no es como quiere ser llamado cada cual, sino saber que no puedes presumir de más méritos que los que hayas sido capaz de ganar limpia y honradamente en función de las normas y de las reglas que rijan en cada actividad. En resumen, que uno no puede convocar a la prensa para enseñarle un acta donde el rector de tal universidad acredite que eres ingeniero naval si sabes que tú nunca pisaste las aulas de esa Escuela. Lo que se castiga no es el título, sino falsedad, el engaño y los contubernios.

Y como siempre pasa, paga el que engaña, dejando libre a sus cómplices. Quienes escucharon de boca del director del máster fallido de Cristina Cifuentes la frase "mis discípulas" habrán recordado el carácter feudal que sigue vigente en la universidad española y sabrán ya por qué razón esas "discípulas" firmaron en barbecho lo que les dijo el "maestro". Eso no ocurre en ningún otro estamento administrativo donde existan funcionarios de carrera que hubieran aprobado sus oposiciones en función de sus méritos y capacidades. Ningún jefe osaría pedir a un funcionario que esté por debajo de él en la organización funcionarial que firme un escrito avalando una ilegalidad o una falsedad. Sólo ocurre en aquellos sitios donde existen "discípulos" cuya carrera profesional está en las manos del maestro feudal de turno. Cifuentes es culpable. Y, también, el "maestro", sus "discípulas" y el rector que los avaló y protegió. Todos engañaron porque se sabían con poder para hacerlo y porque, dueños de vidas y haciendas, sentían que podían obligar a delinquir a personas sobre las que pesan las llaves que abren o cierran las puertas de su futuro académico.

No hay bien que por mal no venga. El levantamiento de las enaguas de la universidad puede ser la oportunidad para que la sociedad española obligue a sus representantes parlamentarios a elaborar leyes que eliminen el feudalismo medieval y conviertan a los centros universitarios en modernas instituciones de docencia y de investigación, donde desaparezca el oscurantismo que viene acompañando a la vida universitaria desde hace casi un milenio. Se debe seguir defendiendo la libertad de cátedra como un bien inviolable, pero esa libertad no debe amparar la llamada autonomía universitaria que, siendo cosa distinta, otorga a sus órganos rectores un poder irresponsable en el sentido literal del término.