Varas de medir

La doble vara de medir es una expresión popular que nos conduce a otra que llamamos la ley del embudo. En cualquier caso, se trata de denunciar el tratamiento dispar, beneficioso para unos y oneroso para otros, que damos a situaciones iguales o parecidas.

Hoy, las distintas varas de medir o la ley del embudo me vienen a colación por el desigual trato recibido por situaciones penitenciarias y políticas que están teniendo lugar ante el silencio de quienes se rasgan fácilmente las vestiduras cuando les toca a ellos la parte estrecha del embudo.

El marido de la infanta Cristina -condenado por delitos de corrupción a cinco años y diez meses de prisión- sale de prisión tres días a la semana ocho horas para trabajar con discapacitados en un centro dependiente de una congregación religiosa.

El ex vicepresidente de la Generalitat Junqueras, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación, ha salido recientemente de la cárcel para trabajar, tres días a la semana, como docente en una Universidad.

Dos noticias aparentemente iguales, pero con tratamiento informativo y recepción popular distintos. Sobre Urdangarín, la famosa sor Lucía Caram escribió en su cuenta de Twitter: "Iñaki se va de voluntario a Madrid: permiso de 8 hs diarias 2 veces a la semana. @joseprull un par de horas para visitar a su hijo operado @jcuixart una salida breve para el parto de su hijo. ¿Es esta la justicia proporcional? #Paso". No se recuerda que esta devota haya puesto el grito en el cielo -nunca mejor dicho- cuando la Justicia proporcional le ha llegado a su admirado Oriol Junquera, que, con solo dos años y cuatro meses de prisión, sale tres veces a la semana y es recibido como un héroe a la puerta de la Facultad con aplausos y vítores. Tampoco se le ha escuchado nada parecido a lo que dijo el diputado Rufián sobre la salida del yerno del Rey emérito: "6 horas para ver nacer a tu hijo tras votar y dos días para jugar al pádel tras robar".

Este no es el único caso que podemos ver como consecuencia de la aparente bula de la que disfrutan determinados políticos en función de su militancia. Si acaso un cargo público del PSOE o del PP resultara investigado por un juez como consecuencia de la apertura de un sumario, muchos medios de comunicación, los tertulianos más puristas y defensores de la pulcritud en la política y muchos ciudadanos se tirarían a degüello al investigado (llamado antes imputado) exigiéndole la dimisión de su cargo público. Pero si se es militante de un partido independentista, el debate ya no será sobre la dimisión por imputación sino sobre si el encarcelado por sentencia firme o el prófugo de la Justicia debe o no tomar posesión de diputado autonómico, estatal o europeo. Nadie ha denunciado que no parece serio que se trate con tanto rigor a los afiliados de partidos estatales y con tanta benevolencia a los afiliados de partidos independentista, como así ocurre con Puigdemont o con Junqueras, a los que no se les exigió que ni siquiera pudieran presentarse a unas elecciones estando condenados o huidos de la Justicia.

Vean esta nueva versión de la ley del embudo en la que ciertos personajes cuando llegan a lo más alto en la política se encargan de eliminar los artificios que les condujeron hasta la cima. Se nos intentó convencer a los españoles que limitar el mandato de los políticos era la mejor forma de buscar la no profesionalización de la política. Unidas Podemos y algunos otros vinieron con ese discurso a sustituir a la que ellos llamaban la vieja política. Acabamos de conocer que los anticasta van a aprobar en su congreso que eso era cuando no estaban ellos en el machito. Ahora que lo están, donde dije digo, digo Diego, y tan tranquilos.

Por último, pronto se va a votar en las elecciones autonómicas gallegas, aunque aún no se sabe cuándo debido al coronavirus. El PP lleva largo tiempo gobernado esa comunidad. Su actual presidente, el señor Feijóo, lleva tres legislaturas y aspira a ganar las próximas elecciones, porque se presenta por cuarta vez. Si lo hace, estará al frente del Gobierno gallego durante dieciséis años, es decir, cuatro legislaturas consecutivas. No recuerdo que nadie haya criticado el derecho que asiste al señor Feijóo a presentarse cuantas veces quiera él y su partido ni la libertad que ampara a los electores gallegos de votar a quien quiera, incluido el candidato popular aunque lleve 12 años en el cargo. Frente a lo que se decía en Andalucía o en Extremadura cuando era el PSOE el que ganaba una elecciones, no recuerdo que se tache de analfabetos a los gallegos por repetir una y otra vez su voto a la misma opción y a la misma persona ni que se califique de compra de votos y de caciquismo institucional las sucesivas victorias electorales del señor Feijóo.

Ya lo dijo Sabina: "Como te digo una co, te digo la o".