Pobreza, un freno para la infancia andaluza

Desde Unicef España queremos llamar la atención, como venimos haciendo en los últimos años, sobre las alarmantes cifras de pobreza y exclusión social que sufre la infancia en nuestra región: el 47,1% de los niños, niñas y adolescentes andaluces, unos 730.000, se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social según el umbral estatal (cuando tenemos en cuenta la distribución de ingresos de todo el país), y el 38,3%, unos 593.000 según el autonómico. Son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, que refleja también que unas 261.100 personas menores de 18 años viven en hogares en situación de carencia material y social severa en Andalucía y sufren una mayor privación a todos los niveles. Tras estas cifras y términos técnicos hay realidades tan duras –pero tan cotidianas para muchas familias– como que unos 192.000 niños y niñas de nuestra comunidad autónoma no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado, al menos, cada dos días.

Llevamos años arrastrando sucesivas crisis a nivel económico que las familias con niños están teniendo que enfrentar con especial dificultad, incluyendo el aumento de la inflación de los últimos dos años. La crisis de precios ha llevado a los hogares a cambiar sus pautas de consumo de alimentos y de gasto en vivienda, por ejemplo. Todo esto, junto con el alza de los alquileres y los tipos hipotecarios, supone destinar cada vez más porcentaje de los ingresos familiares a cubrir estas necesidades, y cada vez menos al ahorro. Algo que compromete la capacidad de las familias para proporcionar un bienestar integral a los niños y niñas y que, por tanto, frena su crecimiento y desarrollo. Es imprescindible desarrollar una mayor y más eficiente inversión en infancia como prioridad en las políticas públicas. Invertir en la infancia incide directamente en sus capacidades y oportunidades futuras y protege a las familias en la crianza frente a la precariedad laboral y la falta de ingresos. Insistimos en la necesidad de llevar a la práctica el principio de prioridad presupuestaria de la infancia en el conjunto de las políticas, tal y como se estableció en la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía aprobada en 2021.

Las diferencias entre los datos andaluces de pobreza infantil y la media estatal siguen colocando a Andalucía a la cola del país. La tasa de pobreza infantil o exclusión social de la infancia en el territorio nacional es del 34,5%, es decir, 12,5 puntos menos que la tasa andaluza. Aunque en ambos casos, los datos presentan un panorama desolador.

España obtiene la peor nota de la Unión Europea en pobreza infantil según el último informe de la oficina de investigación de Unicef, Innocenti: Pobreza infantil en medio de la abundancia. Invertimos en transferencias familiares la tercera parte de lo que lo hace la media de la UE-15 (0,5% del PIB frente al 1,5% de media). Además, el grueso de las transferencias familiares se realiza a través de deducciones fiscales no reembolsables, es decir, se limita a reducir la deuda tributaria de los contribuyentes. España es de los pocos países del entorno que no tiene una ayuda a la crianza universal cuando 22 de los 28 miembros de la Unión Europea ya cuentan con ayudas universales o cuasi universales para la infancia, como Portugal, Francia, Italia, Irlanda o Polonia.

Desde Unicef España, junto a la Plataforma de Organizaciones de Infancia y Save the Children, abogamos por una ayuda a la crianza en forma de deducción fiscal reembolsable. De esta manera, si el montante de la deducción es superior a la deuda tributaria, la diferencia se abona a las personas contribuyentes como una prestación neta, que podría ser anticipada mensualmente.

Nuestra propuesta presenta varias ventajas: aumenta la progresividad del sistema fiscal porque ayuda más a quien más lo necesita, simplifica el proceso evitando que las personas que finalmente acceden a la ayuda sean muchas menos de las que tendrían que tener derecho a ella, y contribuye a la normalización de las ayudas a la crianza, sin estigmatizar a quienes las reciben.

Es el momento de asumir que la protección de los niños y niñas frente a la pobreza y la inseguridad económica es tan importante como la protección de los mayores o de las personas desempleadas. Se trata de la sostenibilidad económica y social de nuestra tierra y del conjunto del país y del futuro que queremos para todos nosotros.