Natalidad y escolarización

La puesta en marcha del proceso de escolarización en Andalucía para el venidero curso 2021-2022 vuelve a suscitar interrogantes que desde hace tiempo están sobre la mesa, pero que no se terminan de afrontar. Simplificando la cuestión, resulta que el continuado descenso de la natalidad supone irremediablemente una disminución del número de alumnos, con todas las consecuencias que ello tiene sobre el sistema escolar. Desde luego, esta disminución de la natalidad no es algo que pueda cogernos por sorpresa, pues es constante desde el último tercio del pasado siglo y, aunque hay un ligero repunte entre 1998 y 2008, es particularmente llamativa en los últimos cuatro años, período en el que en Andalucía se produjeron 9.604 nacimientos menos. Si miramos, por ejemplo, el número de nacidos en la provincia de Sevilla en 2015 y en 2018, la diferencia es de 2.418 menos; en el caso de Málaga esa diferencia es de 1.806. El mismo fenómeno ocurre proporcionalmente en el resto de las provincias andaluzas.

Convirtiendo los nacimientos en número de alumnos y fijándonos en el segundo ciclo de la Educación Infantil (3-6 años), resulta que para el próximo curso escolar, en el conjunto de Andalucía, entrarán en el sistema educativo casi diez mil alumnos menos de los que, por cumplir la edad, salen de esa etapa al pasar a Primaria. Además, si no ocurre nada extraordinario con la natalidad (lo que no es previsible con las actuales proyecciones demográficas) y sigue descendiendo, es muy probable que aumente el déficit de población escolar y que la disminución de alumnado se vaya trasladando a todos los niveles educativos, al menos hasta la ESO; es decir, como mínimo durante los próximos trece años. Los números son elocuentes, pero no deberían sorprendernos, pues hace tiempo que se veían venir. Puesto que la planificación a largo plazo no es práctica habitual en la administración educativa, la cuestión que ahora hay que abordar con prisas es la de qué dieta convendría aplicar frente a este inevitable adelgazamiento. Y aquí es donde se plantea la controversia.

A la hora de afrontar el asunto una fórmula es la de reducir la ratio -es decir, el número de alumnos y alumnas por aula-, que ahora está en un máximo de veinticinco para Infantil y Primaria, treinta en la ESO y treinta y cinco en Bachillerato. Evidentemente, se trata de la opción más deseable, pues se contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza. Aplicada de forma progresiva en función de la disminución del número de alumnos, la reducción de la ratio no implica aumentar los recursos, sino mantener los ya existentes.

Otra opción, por la que suele inclinarse la administración educativa, es la de suprimir unidades escolares y, consiguientemente, eliminar puestos docentes. De aplicarse, como parece, esta fórmula, teniendo en cuenta los datos anteriores, resultaría que en Educación Infantil se podría llegar a suprimir para el próximo curso hasta cuatrocientas unidades de tres años en toda Andalucía, lo que, entre otras cosas, podría significar la pérdida de otros tantos puestos de trabajo; y puesto que, como se ha dicho, el proceso se va trasladando a otros niveles educativos, esa disminución se iría acumulando durante varios años. Desde luego, la supresión de unidades escolares sí supone una reducción del gasto en educación, pero habida cuenta de que Andalucía es de las comunidades con menos gasto por alumno de toda España, parece que no tendría que ser una prioridad de la política educativa andaluz.

En todo caso, dada la magnitud de la bajada de natalidad, es evidente que, más tarde o más temprano tocará suprimir algunas unidades escolares, pues la reducción de la ratio no puede ampliarse indefinidamente. Es en este punto en el que vuelve a la palestra el secular debate sobre el lugar de la enseñanza privada subvencionada y la pública en el sistema educativo. Pues si resultara inevitable alguna supresión de unidades, la cuestión es si van a ser de la enseñanza concertada o de la pública, o, si de ambas, y en qué proporción. A este respecto, no está de más recordar que el sistema de conciertos se estableció en 1985 con el declarado propósito de auxiliar al sistema público para atender la entonces ingente demanda de puestos escolares. Es evidente que ahora la situación es notoriamente distinta y que procede actuar en consecuencia. El asunto no es nada baladí, pues lo que se juega es la identidad del sistema educativo, ya que las decisiones que al respecto se tomen hoy pueden tener consecuencias relevantes en los próximos años, de manera que tras el embrollo que plantea la natalidad a la escolarización no debería ocultarse un debate de muy alto calado.