Cuidemos la escuela pública

Recientemente el Gobierno de la Junta de Andalucía ha devuelto 119 millones de euros que recibió de fondos europeos para extender la educación gratuita de 0 a 3 años. La noticia es, desde luego, llamativa y aparentemente poco comprensible, sobre todo cuando Andalucía es la única comunidad gobernada por el PP que ha devuelto la ayuda europea: ¿cómo puede ser que se renuncie a aumentar el número de plazas escolares gratuitas? Veamos el asunto con detalle. Resulta que en nuestra comunidad, en torno al 65% del alumnado de esta etapa asiste a centros privados, el mayor porcentaje de toda España. De manera que el modelo andaluz del primer ciclo de la educación infantil –instaurado en tiempos de gobiernos socialistas–, se organiza mayoritariamente mediante la ayuda a las familias para que lleven a sus hijos o hijas a centros privados. Sin embargo, esos fondos europeos debían emplearse en la dotación de plazas públicas gratuitas, no privadas. El argumento de la consejera para justificar esa devolución es que si el dinero se empleara con ese fin –dotar plazas públicas gratuitas–, se perjudicaría a los centros privados, muchos podrían desaparecer. No se trata ahora de entrar en los entresijos de este asunto que es ciertamente poliédrico y complejo, sino de pensar sobre el argumento: ¿Si potenciamos las escuelas públicas perjudicamos a las privadas? Entonces, si potenciamos las escuelas privadas ¿acaso no perjudicamos a las públicas?

¿Qué es lo que está ocurriendo? Si miramos el gasto educativo en el conjunto del sistema, resulta que no paran de aumentar los recursos públicos que se transfieren a la enseñanza privada: en los últimos diez años el gasto en conciertos y subvenciones ha aumentado un 48%. Otro ejemplo paradigmático es lo que ocurre con la escolarización: la escuela pública es la que está sufriendo los efectos de la bajada de la tasa de natalidad. Como es sabido, ante esta circunstancia, la Consejería de Desarrollo Educativo ha optado por la supresión de unidades escolares, una política que prácticamente no afecta a los centros privados concertados, sino, de manera muy significativa, a los públicos. Así, ante la caída de la demanda de puestos escolares, los privados juegan con ventaja, pues son ellos los que recogen los restos que no pueden escolarizarse en los centros públicos. De esta forma, se viene produciendo un trasvase de alumnos desde los centros públicos a los privados, no porque ese sea el deseo de las familias, sino porque en aquellos se va reduciendo la oferta de puestos escolares. La realidad es que no se cumple la tan pregonada libertad de elección de escuela, porque en muchos casos no hay donde elegir.

Una de las consecuencias de esta y otras medidas de la Junta –como, por ejemplo, la autorización de nuevas universidades privadas o la extensión de los conciertos a Bachillerato–, es que en el ámbito de la educación el sector privado va ganando terreno al sector público, lo que –según el argumento de la consejera– perjudicaría a la escuela pública. Pero el menoscabo de la escuela pública, ni mucho menos, es un asunto menor.

Por muchas razones, es necesario cuidar de la escuela pública. Ella garantiza el derecho constitucional a la educación, pues está presente en los pueblos más pequeños y no sólo en las grandes ciudades; en los barrios más humildes y no sólo en los de mayor renta.

La escuela pública es realmente gratuita y ofrece a todos la posibilidad de acceder a un puesto escolar independientemente de sus recursos. La escuela pública es garantía de una formación de calidad, integral, no doctrinaria, pues en ella es posible conocer diferentes formas de pensamiento y es respetuosa con la diversidad. La escuela pública es un factor de cohesión social, pues en ella conviven chicos y chicas de diferente procedencia, que se educan compartiendo relaciones de integración. Sin perjuicio de la existencia de centros privados, la escuela pública debe ser el elemento vertebrador de la formación de niños y jóvenes, tal y como ocurre en la mayor parte de los países de nuestro entorno.

Siguiendo el razonamiento de la consejera, si promocionar lo público puede perjudicar a lo privado, actuar preservando intereses privados tiene consecuencias perjudiciales sobre lo público. Una política educativa que, por acción u omisión, perjudique a la escuela pública, atenta contra la igualdad de oportunidades y la justicia social, fomenta la fragmentación de la sociedad y menoscaba la formación abierta y plural de la ciudadanía.