Asignaturas pendientes para el nuevo curso

Desde que se aprobó la Lomloe, hace ya casi tres años, da la impresión de que nada se mueve en el campo de la política educativa y de que todo, o casi todo, permanece en una suerte de pantano barométrico sin apenas movimiento. Ciertamente el ciclo electoral ha contribuido a esta ralentización, pero, también, la resistencia pasiva de algunos gobiernos autonómicos poco entusiastas con su aplicación, como puede ser el caso de la Junta de Andalucía. Pudiera pensarse que todo está hecho y sólo queda gestionar adecuadamente el sistema. La realidad, sin embargo, no es lo que parece: el curso escolar que ahora empieza plantea muchas interrogantes, tantas que sólo algunas pueden abordarse en los límites de este artículo. Veamos.

¿Cómo afrontar los efectos del descenso de la natalidad sobre la población escolar? De momento la Administración ha descartado la reducción de la ratio (número de alumnos por aula), decantándose por una fórmula más clásica: la supresión de unidades escolares. El caso es que esta política está afectando casi exclusivamente a los centros públicos, que pierden peso en el conjunto del sistema educativo, mientras que, en lo que la vista alcanza, no va a afectar a los centros privados concertados. Efectivamente, el reglamento que regula los conciertos educativos –un Real Decreto de 1985– blinda a los centros privados ante los vaivenes demográficos, pues establece un período de seis años para los conciertos en Educación Primaria y de cuatro en el resto de enseñanzas. De hecho, en el primer caso, recientemente, la Consejería los ha renovado prácticamente todos hasta el curso 2028-29, es decir, que, salvo catástrofe, aunque baje la natalidad, aquí no se van a suprimir unidades. En el caso de Infantil, ESO y otras enseñanzas, la renovación toca a partir del curso 2024-25. Siendo previsible la disminución del número de alumnos y alumnas en la ESO ¿se producirá entonces una reducción del número de unidades concertadas con la enseñanza privada?

Históricamente, en los niveles obligatorios, la enseñanza pública ha representado en Andalucía algo más del 75%, mientras que la privada subvencionada (concertada) algo menos del 25%. En los últimos veinte años, estas cifras no han variado significativamente, en buena medida debido a que los cambios demográficos se han trasladado al sector público, los negativos y los positivos Pero ¿se mantendrá esta estrategia en el hipotético caso de que en el futuro pueda resurgir la natalidad?

Lo que hoy resulta evidente es la tendencia privatizadora que se advierte en los niveles no obligatorios, particularmente en la Educación Infantil y en la Formación Profesional. Así, en el primer caso, mientras que hace veinte años las unidades de segundo ciclo en Centros Públicos suponían el 82% del total, en el curso 2021-22, eran poco más del 75%. En el primer ciclo el porcentaje de privatización es mucho mayor: 37% del alumnado está matriculado en centros públicos frente al 63% en los privados. En el caso de la Formación Profesional se observa un fenómeno parecido. Hace algo más de veinte años, el porcentaje de alumnado matriculado en centros públicos era del 74% en Ciclos de Grado Medio y del 82% en Ciclos de Grado Superior; actualmente esos porcentajes se sitúan en torno al 67% y 68% respectivamente. Estos datos ponen de manifiesto que el aumento de la demanda de plazas escolares en el primer ciclo de la Educación Infantil y en la Formación Profesional, está siendo absorbido principalmente por la iniciativa privada, mientras que la iniciativa pública reacciona con cierta desgana. Lo que no sabemos todavía es cómo a medio plazo ello repercutirá en la estructura del sistema educativo, aunque puede intuirse.

Estos movimientos de fondo que se advierten en el sistema educativo andaluz, no deberían hacernos perder de vista los problemas más inmediatos que deben afrontarse en el comienzo de un nuevo curso escolar, problemas que no pueden enumerarse de manera exhaustiva en los límites de este artículo. Baste señalar el del exiguo gasto por alumno en Andalucía (uno de los más bajos de España), la aplicación del nuevo currículum escolar derivado de la Lomloe y de los decretos autonómicos, el encarecimiento del material escolar, la habitabilidad de los centros escolares, la disponibilidad y necesaria renovación de recursos educativos... Así que toca aplicarse si no queremos que gane la inercia y todo discurra como si, antes de empezar, las asignaturas estuvieran ya aprobadas.