La tribuna
Furia, bulos y la indignación como motor de cambio
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Desde hace más de quince años España se ha convertido en un país de inmigración y aunque no en la misma proporción que otras comunidades como Baleares o Cataluña, Andalucía también es receptora de población, especialmente de extranjeros provenientes de Marruecos, el Reino Unido y Colombia. Concretamente, en Andalucía actualmente los extranjeros suponen el 8,34% del total de la población residente. Lógicamente esta realidad tiene implicaciones sobre la escolarización, pues la vigente Ley de Extranjería, en su artículo 9, establece que los extranjeros tiene el derecho y la obligación de escolarizar a los menores en las etapas de educación obligatoria (Primaria y ESO), de manera que para obtener la renovación o autorización de residencia, deben acreditar esta circunstancia.
En curso 2019-20, el 6,2% de los alumnos y alumnas de Andalucía eran extranjeros, un porcentaje tres puntos por debajo de la media nacional, encontrándose nuestra Comunidad en el grupo de los que tienen las cifras más bajas, aunque por encima de Extremadura, Galicia, Asturias o Ceuta. En ese curso, en las distintas modalidades de enseñanza, el total de alumnos era de 100.202. Sin embargo la distribución del alumnado extranjero en las distintas provincias es muy desigual. La gran mayoría se concentra en Almería y Málaga. Por el contrario, el menor porcentaje de alumnos extranjeros se da en provincias interiores como Jaén y Córdoba.
A tenor del área geográfica de procedencia se advierten claramente dos grupos, los de origen norteafricano, que representan el 36% del total y los de origen europeo (especialmente de los países de la UE) que representan el 37%. Lejos de estos grupos quedan los hispanoamericanos que suponen el 18% del total. Pero lo que resulta clarificador de esta distribución es el dato de que el 50% de los europeos cursan sus estudios en algún centro de la provincia de Málaga, mientras que el 50% de los norteafricanos lo hacen en la provincia de Almería.
Atendiendo a la titularidad del centro, los datos son también muy reveladores. En el conjunto de Andalucía, en los niveles obligatorios, el 6,5% de los alumnos de centros públicos son extranjeros, mientras que este valor se reduce al 2% en el caso de los centros privados concertados. En Almería, el 21% del alumnado de los centros públicos son extranjeros, pero sólo el 2,5% del alumnado de los centros privados concertados. Curiosamente, en Málaga, donde, como se ha dicho, se concentra el mayor número de extranjeros de origen europeo, la opción de la enseñanza privada no concertada representa un elevado porcentaje, el 33% del total, frente a la privada concertada, sólo el 5%.
Por razones obvias la presencia de alumnos extranjeros en las aulas supone un hándicap a la hora de valorar el rendimiento escolar y de gestionar la práctica de la enseñanza, especialmente cuando se dan dificultades con el idioma o diferencias socio culturales. En este sentido es evidente que no pueden compararse alumnos provenientes del área norteafricana con los que proceden de la UE. El hecho es que para afrontar estas dificultades los centros cuentan con pocos medios, centrados casi exclusivamente en programas (ATAL y PALI) para facilitar el conocimiento del idioma. En el curso 2015-16 el primero de ellos que es el más importante, atendió sólo a 6710 alumnos.
Pero en muchos alumnos, con ser fundamental, la del idioma no es la única dificultad para su aprendizaje, de manera que; en la vida cotidiana de la clase los docentes tienen que poner en marcha estrategias motivadoras que faciliten su implicación en la enseñanza. Se dirá, con razón, que ese es su trabajo y suele hacerse con gran profesionalidad y buenos resultados, pero no estaría demás que pudiera hacerse en mejores condiciones, con más recursos. A este respecto la bajada de la ratio cobra especial relevancia en los centros que acogen altos porcentajes de este tipo de alumnado, pues no es lo mismo el gobierno de la clase con muchos que con menos alumnos. También es importante disponer de profesorado de apoyo de forma más generalizada que sólo en los casos de disponer de Aulas Temporales de Adaptación Lingüística o de colaboraciones de ONG.
Y, en fin, también sería conveniente, y más justo, que se estableciera una distribución más equitativa de este tipo de alumnado entre los centros públicos y los privados concertados, en donde el porcentaje de alumnos extranjeros está muy por debajo de lo que les corresponderían por su presencia en el conjunto del sistema educativo andaluz.
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