Agua pública, primero

El agua es esencial en nuestras vidas. Y lo es aún más en estos momentos para combatir la propagación del coronavirus. La actual pandemia pone en evidencia la necesidad de gestionar el agua como un derecho.

En muchos municipios andaluces, detrás del agua de grifo que permite beber, que nos lavemos las manos, pongamos una lavadora o limpiemos nuestra vivienda, están los operadores públicos del agua, que mantienen toda una red de infraestructuras imprescindibles para que el agua de grifo continúe llegando a nuestros hogares con la certeza de que es sana y segura, y pueda ser después devuelta a la naturaleza en las condiciones de calidad necesarias para proteger nuestro medio ambiente. Los operadores públicos están tomando medidas preventivas para evitar contagios y garantizamos al 100% un suministro de agua potable de calidad a toda la población.

La emergencia sanitaria del coronavirus está afectando a prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esta crisis pone en evidencia más que nunca la importancia de los valores colectivos de nuestros operadores públicos de agua: la solidaridad, la cohesión y la cooperación. La crisis está provocando un hundimiento económico sin precedentes, lo que exige de nosotros respuestas inéditas. Por eso, la mayoría de los operadores públicos decidimos, mucho antes que el gobierno central lo estableciera, suspender, con carácter inmediato, cualquier procedimiento de corte del suministro a nuestros usuarios. Además, los operadores públicos de Andalucía como Sevilla y su área metropolitana (Emasesa), Córdoba (Emacsa), Cádiz (Aguas de Cádiz), Giahsa (provincia de Huelva) o Emproacsa (provincia de Córdoba) han asignado fondos para paliar las dificultades económicas de familias, autónomos y pymes. Fondos que son una contribución significativa de los operadores en la recuperación económica y social de sus municipios.

Los operadores públicos somos un instrumento claro para rescatar a las personas, pero en breve necesitaremos financiación para poder afrontar con garantías la intensa crisis económica que se otea. La reducción del consumo de agua (entre un 6% y 15%) fundamentalmente por el desplome de la industria y el turismo y el aumento exponencial de la población en situación de vulnerabilidad puede generar problemas transitorios de tesorería y, en un horizonte no muy lejano, problemas serios que irán solucionándose a medida que nuestros pueblos y ciudades se recuperen.

Ante la bajada en la facturación la solución fácil sería incrementar las tarifas, pero supondría un saqueo en las maltrechas economías familiares. Urge, más bien, facilitar el crédito a los operadores públicos, para eso es necesario que el Estado nos avale los préstamos. Al mismo tiempo hay que reformar en profundidad la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, reestableciendo una justa competencia entre público y privado.

O se cambia el marco institucional o directamente haremos realidad la "doctrina del shock" y las multinacionales del agua utilizarán la crisis para aumentar aún más su riqueza y eliminar a los sectores públicos.

Pedimos la supresión de los mecanismos especulativos que existen en el sector del agua, tal como el canon concesional. En un contexto en el que los ayuntamientos necesitan dinero para dar auxilio a las personas y/o al entramado empresarial local, etc., el canon, o sea el dinero que el operador privado adelanta a la Alcaldía a cambio de la concesión, permite enjuagar las cuentas y paliar a corto plazo su penuria financiera, pero encarece la tarifa del agua, las infraestructuras se deterioran y el Ayuntamiento pierde el control efectivo sobre el servicio más importante para la salud pública del que son responsable: el agua.

Para evitar esta pérdida de los bienes comunes, los gobiernos, tanto la Junta de Andalucía como de España, deberían adoptar reformas radicales, revirtiendo la dirección política que ha prevalecido en las últimas cuatro décadas. Hasta el propio diario Financial Times, en su editorial del 3 de abril, insta a frenar a la especulación, defender abiertamente los valores de lo público y aceptar un papel más activo del Estado en la economía. Reforzar lo público es la única garantía frente a las crisis. De los Gobiernos, uno espera resguardo y sentido común. Abran sus brazos.