De vuelta al laberinto catalán

La legislatura empieza revuelta en Cataluña. Como era previsible, la publicación de la ley de amnistía ha provocado un movimiento judicial que cuestiona la aplicación de la norma. No es para menos. La ley concedida por el Gobierno a cambio del apoyo de Carles Puigdemont en el Congreso abre un panorama enrevesado: los jueces y fiscales que han investigado o sentenciado el procés se siente directamente concernidos y cuestionan su aplicación directa. Se abre la vía para los recursos y para las cuestiones prejudiciales al Tribunal de la UE. Hay planteada una batalla legal cuyo resultado se ve incierto, pero que supondrá, de entrada, que los beneficios de la ley no serán automáticos. Por otro lado, Salvador Illa ha sido incapaz de negociar un acuerdo que permitiera a los socialistas tener poder de decisión en los órganos de control del Parlamento. El independentismo unió sus fuerzas para que Josep Rull, dirigente de Junts que cumplió tres años de prisión y fue indultado, fuese elegido presidente de la Cámara y, por lo tanto, es la persona que a las órdenes de Carles Puigdemont marcará los ritmos y las circunstancias de una improbable investidura. El Parlamento recién constituido es la mejor muestra de que la política catalana sigue perdida en su laberinto y de que, a pesar del resultado del 12 de mayo, el desafío sigue abierto. La existencia de un frente independentista puede suponer, en la práctica, el bloqueo de la situación política y abocar a Cataluña a una repetición de las elecciones, que tendrían lugar en octubre. Si esta hipótesis se confirmara supondría que la victoria electoral de Illa no habría servido para abrir una nueva etapa ni para superar el proceso independentista que desde 2017 ha bloqueado el desarrollo económico y social de la comunidad y que la ha sumido en un marasmo político del que parece incapaz de salir.