Las sentencias están para cumplirse

El Tribunal Constitucional anuló ayer la jornada semanal de 35 horas para los trabajadores de la Junta de Andalucía, poniendo así fin a un largo enfrentamiento entre el Gobierno central -que fue el que recurrió esta medida ante el Alto Tribunal- y la Administración andaluza. El TC no valora si la jornada de 35 horas es buena o mala, sino que estima que la competencia para decidir sobre este asunto pertenece al Estado y no al Gobierno autónomo. El Alto Tribunal ha hablado y ya sólo queda acatar la sentencia por parte de todos, por mucho que no se comparta. Pero este acatamiento debe ser sincero y leal, sin buscar subterfugios que sirvan para eludir de facto lo dispuesto en la sentencia. Así es como interpretamos la sorprendente medida que se apresuró ayer a anunciar la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. En resumen, lo que pretende el Gobierno andaluz es mantener una jornada presencial de 35 horas semanales y permitir que las otras dos horas y media de trabajo que se requieren para completar las 37,5 que debe tener la semana laboral de los funcionarios de la Junta de Andalucía se puedan hacer de "forma no presencial", es decir, en casa, como hacen en la actualidad los docentes al prepararse las clases y corregir exámenes. Efectivamente, no negamos que este método sea posible llevarlo a cabo con algunos puestos de trabajo muy profesionalizados y con una gran autonomía de acción y decisión, pero no con la gran mayoría de los empleos (bedel, chófer, auxiliar administrativo, mantenimiento y un larguísimo etcétera). Lo que está proponiendo la consejera, simplemente, es un truco con el que se pretende acatar la sentencia pero dejando que todo siga igual, algo que es inaceptable para una administración pública que -nunca lo olvidemos- forma parte del Estado y le debe lealtad.

En los últimos tiempos hemos visto, desgraciadamente, demasiados ejemplos de administraciones que han obviado sistemáticamente, por activa o por pasiva, las sentencias de los más altos tribunales de la nación. Evidentemente, la pretensión de la Junta no es instalarse en la desobediencia, pero en esta cuestión no se está comportando con lealtad hacia una resolución del Tribunal Constitucional. La Junta debe abandonar esa actitud y hacer lo único que le corresponde una vez que ha sentenciado el TC: recuperar la jornada de las 37 horas y media con todas sus consecuencias.