Editorial
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El curso político reanuda mañana su actividad en un año en el que, en teoría, el horizonte electoral se halla despejado. Hasta 2027 hay margen para la convocatoria de las generales y en junio de 2026 se cumple el actual mandato en Andalucía. Pero nadie puede anticipar qué puede suceder ante el escenario tan convulso en que vive la política nacional. En el caso de la comunidad autónoma, 2025 es el último año completo de gestión del actual Ejecutivo por lo que se presenta como crucial para poner en marcha los proyectos pendientes. Y aunque el presidente Moreno disfruta de una plácida mayoría absoluta, a priori tampoco es descartable un anticipo de las urnas si a lo largo de los próximos meses se visualizan importantes síntomas de desgaste. Razón por la cual la sanidad jugará un papel determinante en el pulso político. El último Barómetro de diciembre del Centra, la entidad pública dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta, ya constataba que se ha convertido en el principal problema para más del 15% de los consultados, sólo superada por la preocupación que causa la falta de empleo y el paro. El propio PP es consciente de la factura que, junto a la educación, le pasó al último Gobierno socialista hace ya seis años. De ahí los planes y el anuncio de 283 millones para intentar revertir la situación. Con la promesa de garantizar en 72 horas la asistencia en la Atención Primaria y, por otra parte, reducir las insoportables listas de espera de pacientes para someterse a una intervención quirúrgica. Aunque los sindicatos se muestran muy escépticos con las medidas y exigen una mayor inversión. La sanidad es un factor fundamental para la vida de los andaluces y exigiría un debate profundo y un pacto entre todas las fuerzas políticas. Mientras, todos celebran su deterioro cuando están en la oposición y camuflan la realidad cuando toca gobernar.
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