Editorial
La añoranza del consenso
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Nadie cuestiona que la sanidad es una asignatura fundamental para los andaluces. La Junta está obligada a someterse a un examen casi diario sobre su gestión. De las consecuencias últimas de suspenderlo puede dar fe el PSOE, tras el deterioro que le supuso en su último mandato y que contribuyó de forma determinante a que cristalizara en 2019 la alternancia al frente del Gobierno andaluz. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, compareció la semana pasada en comisión parlamentaria para ofrecer las grandes cifras de su área para el próximo año. Más de 14.246 millones de euros, un 30% de todo el Presupuesto de Andalucía y que equivale al 7,5% del PIB de la propia comunidad. Más de 6.700 millones para afrontar los gastos de los más de 100.000 empleados, contratados casi en su totalidad por el SAS. García prometió que en 2024 los 7.000 profesionales fichados durante el Covid continuarían en el sistema. También una ampliación de la plantilla en 5.000 sanitarios más. Las cuentas incluyen casi 5.000 millones para la Atención Primaria, que consumirá el 36% del presupuesto sanitario. Y los fármacos se llevarán otros 2.400 millones. Un notable esfuerzo para las arcas públicas que aun así situará a Andalucía en el puesto 13 de las comunidades en gasto por habitante. Se necesitarán años y dinero para mejorar las prestaciones y corregir déficits que amenazan con cronificarse. Desde los problemas de la Asistencia Primaria, con la falta de facultativos, a las listas de espera de intervenciones quirúrgicas. No es de recibo que haya pacientes que aguarden más de seis años para una operación. La coartada de la herencia recibida tiene sus días contados. El compromiso de la Junta resulta evidente en las cuentas de 2024. Pero no sólo consiste en sumar millones a una sanidad que puede convertirse en un pozo sin fondo. También hay que procurar una gestión más eficiente de estos ingentes recursos.
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