Editorial
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El Gobierno de Polonia ha desafiado a la Unión Europea al declarar su Tribunal Constitucional que el derecho comunitario no tiene primacía sobre el nacional, una jerarquía que es mucho anterior a la entrada voluntaria de este país del Este en el club europeo. La sentencia de este tribunal es el colofón a una serie de negaciones del partido gobernante, Ley y Justicia, de Jaroslaw Kaczynski, a los valores que consagra la Unión Europea. La Comisión ha advertido en muchas ocasiones a Polonia de los graves ataques que su Gobierno realiza contra los jueces y fiscales del país, así como las leyes contra las orientaciones sexuales. De los 15 miembros de su Tribunal Constitucional, 10 han sido elegidos por el Gobierno y tres más, por su presidente, lo que convierten al órgano en una mano del Ejecutivo de Kaczynski. Polonia y Hungría son los dos únicos países que no tienen aprobadas sus ayudas de recuperación, porque Bruselas exige una condicionalidad no cumplida. Entendemos que son esos 36.000 millones de euros el elemento de presión que debe utilizar la Unión contra un Gobierno que, aunque ganó las últimas elecciones, no opina como todo el país. Ley y Justicia es un partido populista y, como el resto de estas formaciones en el continente son antieuropeas, el Brexit ha sido su ejemplo. La pertenencia a la Unión Europea y el cumplimiento con los valores de sus instituciones aportan muchas ventajas a los miembros. Pero es que la no pertenencia, la individualidad, es ineficaz y terriblemente costosa. Polonia, sin el paraguas de la Unión y de la OTAN, sería un país situado a merced de las presiones de Rusia y se quedaría sin el gran mercado europeo. En 1990, Polonia y Ucrania tenían el mismo PIB por habitante; hoy, triplica al de su vecino del Este. El Gobierno polaco no busca una salida de la Unión, sino utilizar sólo los beneficios que le aporta y atacar las limitaciones que le impone a su deriva autoritaria. Ante ello, entendemos que ni la Comisión ni el Consejo deben ceder, sino advertir de modo claro de cuáles serán sus consecuencias. También creemos que es necesario que Bruselas desarrolle campañas en todo el territorio para hacer frente a la desinformación populista.
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