Una petición tardía

El Gobierno andaluz ha tardado mucho en solicitar a la Justicia la obligatoriedad de mostrar el certificado Covid para acceder a la hostelería y a los establecimientos de ocio nocturno. La incidencia en Andalucía está subiendo de modo vertiginoso en la última semana, aunque esto no tiene una traducción dramática en los hospitales debido a la alta tasa de vacunación. El 80% de la población diana andaluza ya se ha inoculado el remedio, pero es necesario que ese porcentaje aún suba unas unidades más. Comprendámoslo: el objetivo del certificado Covid no es otro que reducir, al máximo, ese 20% de personas que no se han vacunado. Como se comprobó hace unas semanas, los rezagados, perezosos y temerosos acudieron a los centros de vacunación para inyectarse la vacuna. Ese 20% no es negacionista. Hay diversas razones que han llevado a algunas personas a no vacunarse, y algunas de éstas son puramente domésticas. Al efecto del certificado Covid sobre estos grupos etarios se sumará la vacunación de los niños menores de 12 años y hasta los 5, que hará disminuir los contagios en el ámbito familiar. Llama la atención que sea el grupo de 40 a 50 años el que menos se ha vacunado. El Gobierno andaluz ha tardado en ampliar el certificado a la restauración y ocio nocturno porque lo debió solicitar junto al del acceso a hospitales y centros sociosanitarios. Hay que recordar, para que no vuelva a ocurrir, que el Gobierno tramitó mal esta petición al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), porque no acotó en el tiempo la vigencia de la medida, a pesar de que conocía que eso era una exigencia insalvable. El certificado Covid está vigente en muchos países europeos y en la mayor parte de las comunidades autónomas, por lo que ha carecido de lógica que el Gobierno haya querido escalonar la entrada de este permiso en todos los sectores donde la transmisión es más importante.