Editorial
El estrés de la Justicia
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El comité de expertos creado por el Gobierno para emitir un dictamen sobre los riesgos para los menores por el uso de dispositivos móviles acaba de entregar sus conclusiones al Consejo de Ministros. Entre ellas, que se impidan las pantallas a todos los niños que no hayan cumplido los 6 años. Que sólo se permitan los móviles analógicos –que únicamente permitan llamadas– para el segmento de edad comprendido entre 12 y 16 años y que se obligue a las empresas a que etiqueten sus dispositivos con los peligros para la salud que conlleva el acceso a contenidos inapropiados para estas edades. Un informe de 150 páginas que propone más de un centenar de medidas para afrontar el grave problema social que se ha detectado en comportamientos muy extendidos entre las generaciones más jóvenes. Además de en la salud, los 50 analistas se han repartido los trabajos en otras cinco áreas como la educación, el consumo y la industria, la pornografía y la violencia sexual, la privacidad y los derechos. Por ejemplo, se considera necesario que los fabricantes instalen las herramientas necesarias en sus productos para permitir el control parental de los menores y la configuración de espacios seguros para los niños. Australia acaba de aprobar una ley que impide el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Hace un año, la propia Junta prohibió el uso del móvil en los centros educativos hasta 3º de la ESO, incluso con fines didácticos. El Gobierno central ha reclamado un acuerdo de país para impedir que los menores accedan a contenidos para adultos. El debate lleva tiempo instalado en la sociedad y, una vez más, la legislación camina con retraso para acompasar una realidad que avanza a mayor velocidad. Ahora mismo se antoja utópico imaginar a jóvenes de 15 años con teléfonos con los que sólo puedan llamar. Las soluciones drásticas no siempre son aconsejables.
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