La oposición y la lealtad

Hicieron falta más de cinco años para que PSOE y PP llegaran a un acuerdo que supone la normalización del funcionamiento de la Justicia en España. El pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) introduce algún elemento novedoso y una promesa vaga de cambios en el sistema de elección de sus miembros, pero en la base es una repetición de los que se firmaron con anterioridad. Aun así, hubo que recurrir a una mediación internacional, como si se tratara de un conflicto bélico, sus negociadores fueron incapaces de comparecer juntos ante los medios para valorar el acuerdo y un día después, en el Congreso, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dejó claro que no iba a moderar el tono contra Pedro Sánchez. Todo lo ocurrido en torno al CGPJ refleja la pérdida de calidad de un sistema democrático sesgado por la polarización y la crispación. Pero más allá de estas evidencias, el primer gran pacto de Estado en una década es una buena noticia. En sí mismo y porque puede abrir la vía para otros que faciliten el normal desenvolvimiento de la vida institucional en el país. Como dijo Núñez Feijóo el miércoles en el Congreso, una cosa es la política de oposición, que en las actuales circunstancias debe ser dura y contundente, y otra la lealtad al Estado. Esta regla elemental parece que se ha olvidado con demasiada frecuencia en los últimos años. Tras el Poder Judicial, hay buenas perspectivas de acuerdo para designar a los máximos responsables del Banco de España y las comisiones nacionales de los Mercados y la Competencia y del Mercado de Valores, así como de la futura Comisión Nacional de la Energía. Lo mismo cabe decir del Consejo de Administración de RTVE, siempre en precario y convertido en un polvorín político. La renovación de estos órganos no cabe interpretarse como una cesión o como una renuncia a los propios principios, sino como una obligación para cumplir el mandato que los ciudadanos dan a sus representantes.