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Las trece sesiones celebradas hasta ahora por el Tribunal Supremo, durante el juicio por los acontecimientos sucedidos a raíz de la convocatoria del 1 de octubre, han servido para constatar dos realidades: por una parte, la irresponsabilidad de la cúpula que entonces gobernaba la Generalitat de Cataluña, decidida a seguir con su hoja de ruta, aunque entrañara consecuencias de extrema gravedad; y la otra, la inconsciencia del Ejecutivo que presidía Rajoy, que no supo estar a la altura del desafío que los independentistas le habían planteado. Los testimonios de los profesionales que se enfrentaron a aquel escenario han dejado poco lugar a las dudas sobre la actitud de Puigdemont, Junqueras y Forn, ex presidente, ex vicepresidente y ex consejero de Interior, los dos últimos sentados en el banquillo, para violentar la legalidad a cualquier precio. Incluso si se producía una "escalada" de violencia, como expuso durante su interrogatorio como testigo el antiguo comisario jefe de información de los Mossos d'Esquadra Manel Castellví. Un cuerpo policial que en ningún momento preparó sus dispositivos para evitar la celebración del referéndum ilegal, antes al contrario. Los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil supieron de esa falta de colaboración e incluso obstrucción con suficiente antelación, por lo que resulta inexplicable la ausencia de reacción del Gobierno central, que sólo activó el llamado plan B cuando en la mañana del 1-O y, cuando ya no había remedio, comprobó que los colegios electorales estaban abiertos y los Mossos no tenían la más mínima intención de impedir las votaciones. Las consecuencias de aquella decisión de última hora, con claros tintes de improvisación, fueron los episodios del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales, tan pregonados por los altavoces de los independentistas, cuando ya era imposible revertir el panorama. Ejemplo paradigmático, que retrata su labor durante esa crisis, el del titular entonces del Ministerio del Interior, Juan Ignacio Zoido, que rehuyó cualquier responsabilidad para descargarla en los "mandos operativos". A estas alturas del llamado juicio del procés resulta un sarcasmo que la mayoría de los imputados defiendan que Cataluña vivió aquellos días un pacífico ejercicio democrático para expresar una opinión. La espiral de violencia de todo tipo, que todavía sufre hoy buena parte de la sociedad, la provocó la huida hacia adelante de Puigdemont y sus principales colaboradores. Distinto será tipificar el grado de la misma conforme a los presuntos delitos que se juzgan. Pero algunos comportamientos han quedado ya demostrados.
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