Editorial
Una incursión que busca una negociación justa
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El Gobierno andaluz denunció ayer una nueva lista de espera sumergida, esta vez referida a las personas que están a la espera de que se les evalúe para recibir las ayudas consagradas en la Ley de la Dependencia de 2006. Según los datos que maneja el Ejecutivo autonómico, son 34.000 los ciudadanos que habría que sumar a los 75.000 que sí estaban contabilizados por la Junta durante la pasada legislatura socialista.
Este anuncio de la Junta tiene dos caras, una negativa y otra positiva. La negativa es que se observa una preocupante tendencia del Gobierno a airear las miserias de sus antecesores socialistas. Este comportamiento, que suele ser habitual en los ejecutivos de nuevo cuño, no tiene en cuenta que los ciudadanos ya eran conscientes de la mala gestión anterior y que precisamente por eso han propiciado el cambio. Ya ha pasado el tiempo de la denuncia de los muchos errores del pasado y se ha abierto el de proponer soluciones. La cara positiva es que el Ejecutivo ya está cuantificando los diferentes problemas heredados, bien sean las listas de espera de sanidad o dependencia, bien la deuda financiera con los bancos. Este paso es fundamental para empezar a enderezar el rumbo, aunque a veces se caiga en la tentación de usar la información en el desgaste de la oposición, más en unos momentos en los que en el horizonte ya se otean dos citas electorales de vital importancia para la vida política del país.
No obstante, hay que valorar también el plan de choque diseñado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para mitigar de forma urgente la situación de estos ciudadanos que están a la espera de los subsidios a la dependencia. Bien es cierto que la ley de Zapatero fue, ya desde su lejana aprobación, difícil de cumplir, sobre todo por una ambición bienintencionada que es muy complicada de sostener económicamente, más en el actual escenario poscrisis, en el que la recuperación no tiene el suficiente vigor para volver al escenario previo a 2008. Los 77 millones que la Junta va a dedicar a solucionar esta urgencia de las listas de espera servirán de calmante de efecto inmediato, pero difícilmente solucionarán un problema mucho más complejo y profundo. Es ahí donde está el reto para la actual consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz; un desafío que es difícil, pero no imposible de afrontar, por muy negativa que sea la herencia recibida.
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