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En unos tiempos como los actuales, en los que los decibelios de la crispación han subido hasta límites insufribles y en los que parece imposible cualquier conato de diálogo entre partidos de distinto signo, resulta llamativo que todavía se produzcan noticias que van en la dirección contraria. Como ha informado este periódico, el Gobierno central ha desistido del recurso que interpuso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto-Ley de Simplificación Administrativa aprobado en su día por el Gobierno andaluz y más conocido como el Superdecreto. Este paso dado por el Ejecutivo de Sánchez acaba con uno de los principales puntos de fricción entre las administraciones central y autonómica. Ambos gobiernos han sabido llegar a varios acuerdos en el seno de la comisión bilateral. La Junta ha accedido a la retirada o modificación de los artículos que Moncloa entendía que invadían competencias estatales, los cuales eran básicamente dos: uno relativo a la protección del patrimonio y otro, relacionado con la prohibición de emitir publicidad por parte de emisoras de radio que funcionan de modo irregular. A cambio, el Gobierno central se ha comprometido a retirar el recurso, lo que finalmente pasó el pasado 28 de abril por desistimiento. Todo se ha realizado de una forma discreta y cabal. El Superdecreto es una de las apuestas legislativas del Gobierno de Juanma Moreno y, superados los escollos, no había ninguna razón de fondo para que el Gobierno lo obstaculizase. En un Estado cuasi federal como el que tiene España es normal que las administraciones estén en manos de partidos políticos de ideas muy diferentes, pero todos tienen que ser capaces de llegar a acuerdos que permitan una mejor administración de lo público. Lo contrario lleva al sistema a un callejón sin salida y a la desafección de los ciudadanos hacia la clase política. Gobierno central y Junta de Andalucía están obligados a entenderse por el bien de todos. Lo contrario, la bronca injustificada y la crispación, sólo lleva a la inoperancia política.
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