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La comunidad educativa comienza a esperar con cierta impaciencia los planes de la Consejería de Educación para el inicio del curso escolar. Como en otras tantas ocasiones durante esta pandemia del Covid-19, Educación está a la espera de lo que le diga el Ministerio de Isabel Celaá, que este jueves se reúne con los consejeros de las autonomías, pero se echa de menos que el departamento que dirige Javier Imbroda actúe de un modo más proactivo, considerando, además, que las competencias en esta materia son plenas. Ya ocurrió cuando se discutió sobre el modo de evaluar a los alumnos por este curso atípico. Se esperó a las instrucciones del Ministerio, se le criticó, y se anunció un plan propio para, después, acogerse al dictado del Gobierno central. El País Vasco, por ejemplo, sí optó por un modelo autónomo. Entendemos que la Consejería de Educación desee esperar al Ministerio y a conocer hoy las medidas que se aplicarán tras el estado de alarma, pero se echa en falta que Imbroda no haya presentado un modelo sobre el que discutir con profesores, padres y sindicatos. El estado de alarma va a finalizar en junio, y la Consejería debe contar con una iniciativa más poderosa; entre otras razones, porque es la que conoce las tipologías de los centros y las características del alumnado después de casi cuatro décadas de competencias plenas. Por ahora, Isabel Celaá ha propuesto que en las aulas no haya más de 15 alumnos, pero ésta sería una medida muy costosa en Andalucía, porque necesitaría contratar a unos 50.000 docentes. Aun así, hay que plantear iniciativas, no se puede confiar el inicio de curso a la buena evolución de la pandemia. Además de la introducción de medidas higiénicas en los colegios, hay que pensar en reducir las concentraciones en los recreos, en las salidas, entradas y en algunas actividades deportivas. Y hay que contar con planes por si, entrado el curso, hay que suspender las clases presenciales. Es muy posible que esto sea necesario, no en toda la comunidad, pero sí en algunas zonas. Habrá brotes, habrá que aislarlos y, si hay clases, se cerrarán aulas. Es lo que ha sucedido en países donde han padecido la pandemia en menor grado, como Holanda e Israel, acciones rápidas de contención han obligado a suspender las clases. Por eso, no se puede esperar a que sea el Ministerio de Educación el que regule todos los supuestos. Además, queda por solventar cómo adecuará el profesorado el nivel del próximo curso al déficit de conocimiento del actual, que seguro que se ha producido a causa de la suspensión.
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