Mercasevilla, fin de un calvario jurídico

La absolución de los diez procesados por el caso Mercasevilla, entre los que se encontraba el ex concejal de Sevilla y líder de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, pone fin a más de ocho años de calvario jurídico y mediático que ha dañado grave e injustamente las reputaciones de políticos, funcionarios y empresarios, algunos de los cuales han tenido que dar por acabadas sus carreras profesionales de una manera cruel y, hasta ayer, deshonrosa. Aunque el fallo es inequívoco y deja claro que todos son inocentes, difícilmente se podrá devolver a los procesados todo lo que han perdido durante estos años que sus nombres han estado presentes en los titulares de los medios de comunicación de todo el país, sometidos a la presión de un interminable proceso. Una vez más, observamos cómo se ha conculcado un principio fundamental en cualquier justicia civilizada: la presunción de inocencia.

¿Qué y quiénes han fallado? En primer lugar hay que hablar de la Justicia, cuya evidente lentitud (ocho años no es poco tiempo) ha alargado injustificadamente el proceso. Como se suele decir, una justicia lenta es la peor de la injusticias. Ya nadie podrá resarcir a los diez procesados por tan largo periodo de desgaste personal. Tampoco está de más poner en duda la labor de la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, y de la Fiscalía, cuya labor en este caso queda claramente desacreditada por la sentencia de 393 folios de la juez Yolanda Sánchez Gucema, que deja claro que no hay ninguna prueba sobre la supuesta (y ya falsa) manipulación de un concurso público para la venta de unos suelos de Mercasevilla. Ni hubo "amaño" ni "confabulación" ni "concierto previo", como apreciaron Alaya y la Fiscalía. La larga instrucción judicial, como ha pasado tantas veces en España en los últimos años, se utilizó con fines partidistas y, en este caso concreto, con claros objetivos electoralistas. Una vez más, observamos cómo la judicialización de la política -todo comenzó con una denuncia del PP- es una estrategia a corto plazo que conlleva el descrédito de la misma política y provoca situaciones de profunda injusticia.

En segundo lugar, hay que hablar una vez más del papel de los medios de comunicación, de la conculcación del principio de presunción de inocencia y de la, con toda razón, llamada pena de telediario. Finalmente, la propia sociedad en su conjunto es la que no ha estado a la altura de las circunstancias y sólo hay que repasar los mensajes difundidos a través de las redes sociales para llegar a esta conclusión.