Lecciones sobre el 'Open Arms'

Un fiscal de una pequeña ciudad siciliana ha acabado con la crisis del Open Arms al ordenar el desembarco de los 83 inmigrantes que se encontraban en el barco, ante la situación "explosiva" que se vivía a bordo. Luigi Patronaggio ha incautado el barco y envió el mensaje al ministro del Interior de que incurriría en un delito penal si desatendía esta orden. Punto y final a una polémica que ha enfrentado a Bruselas y al Gobierno español con el ministro italiano y la propia oenegé Pro Activa Open Arms. La primera lección es que la emergencia humanitaria se debe superponer a otras. Mantener a estas personas en ese barco era una crueldad, y así lo ha entendido la Fiscalía italiana. Segundo: el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y la dirección del Open Arms se han retroalimentado. Italia ha estado rescatando durante estos días a inmigrantes en el Mediterráneo y han sido desembarcados en Lampedusa, pero a Salvini, paradigma de populista irresponsable (acaba de cargarse al Gobierno del que es vicepresidente), le ha convenido esta polémica. Algo parecido cabe decir de la oenegé: pudo dirigirse a Malta, pero prefirió Italia. Es cierto que Malta no le dio confirmación del desembarco, pero Bruselas podía haber solucionado mejor el problema con sus autoridades que con las italianas. El Open Arms, por lo demás, no estaba capacitado ni autorizado para labores de rescate. Este barco estuvo retenido desde enero a abril en el puerto de Barcelona por las autoridades españolas, y sólo se le dejó partir porque iba a llevar víveres y materiales a la isla de Lesbos. La organización se expone ahora a una multa de 901.000 euros por desobedecer a Marina Mercante. Tercero: no es Pro Activa Open Arms ni ninguna otra oenegé de las que opera en el Mediterráneo las que llevan el peso de los rescates de los inmigrantes. Desde enero a julio de este año, sólo en el Estrecho han sido rescatadas cerca de 13.000 personas, y unas 5.000 frente a las costas libias. Por tanto, hay que entender el papel legítimo de denuncia de estas organizaciones, pero no pueden convertirse en atizadores de unas relaciones entre socios europeos que ya son complicadas de por sí. Cuarto: el Gobierno español no puede verse interpelado por cada barco con inmigrantes que navegue por el Mediterráneo ni intentar sacar rédito electoral de estas crisis. Todas éstas deben ser abordadas en el seno de la Unión Europea. Y quinto: España no está a salvo de populistas oportunistas que también quieren sacar tajada de sus propuestas xenófobas y tampoco de dirigentes de tecla fácil que sólo demuestran una irresponsabilidad que les inhabilita para ser representantes políticos de esta nación.