Grieta en la cohesión nacional

No hay que darle muchas vueltas porque las palabras y los hechos hablan por sí solos: la única política de Pedro Sánchez y de su Gobierno con respecto a los partidos separatistas catalanes es concederles todo lo que pidan con tal de blindar su apoyo político. En este caso, un trato fiscal y financiero de privilegio a Cataluña que equipare esta comunidad a las de régimen foral y que suponga una discriminación para el resto de las autonomías. El precio, que veremos si se acepta o no, es colocar a Salvador Illa al frente del Gobierno de la Generalitat. Las puertas ya están abiertas. Tanto en las declaraciones que realizó la semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como en la entrevista del fin de semana de Pedro Sánchez a La Vanguardia queda claro que la cesión está ya encima de la mesa, aunque ambos volvieran a utilizar galimatías que no dejan demasiado claro hasta dónde están dispuestos a llegar. A la vista de la experiencia de la amnistía y otras varias parece que esta vez también el límite se marcará desde el lado catalán de la mesa de negociación. Pero, básicamente, será un modelo como el vasco: recaudación de todos los impuestos por la comunidad autónoma y fijación de un cupo al Estado por los servicios no transferidos. Lo más parecido a la plena soberanía fiscal. Si finalmente todo esto se lleva a cabo, y por ahora hay serios indicios para temer que puede ser así, se producirá una situación de agravio. En el caso andaluz, una de las comunidades peor financiadas y con déficits estructurales más acusados, supondría un claro perjuicio económico y un freno para su desarrollo. Es lógico que desde toda España se empiecen a escuchar voces que se oponen a esta nueva imposición política. Desde Andalucía hay motivos sobrados para poner pie en pared y rechazar una nueva muestra de insolidaridad que además es una grieta en la cohesión nacional.