El Gobierno se hace un lío con las 35 horas

El debate de las 35 horas no es algo nuevo. Dicha medida estaba entre uno de los principales objetivos de los sindicatos europeos hasta que la brutal crisis económica desatada en 2008 lo dejó en suspenso. Ahora, cuando la recuperación económica es ya una evidencia, vuelve a surgir con fuerza. Muchos de los análisis sobre el mundo del trabajo en nuestro país apuntan a que el problema no es tanto el número de horas que se trabajan -que suele ser bastante alto- como la productividad de las mismas -que suele ser baja-. Asimismo, no son pocos los teóricos que hablan de un futuro en el que, debido a la informática y la robótica, las jornadas laborales serán cada vez más reducidas (algunos llegan incluso a hablar del fin del trabajo). Tampoco faltan los que opinan que la jornada semanal de 35 horas será una traba más para las sufridas empresas españolas, que verán de esta manera cómo aumentan sus costes y baja la productividad per cápita de sus trabajadores. En definitiva, como suele ocurrir en estos grandes debates, hay argumentos a favor y en contra, pero eso no significa que el Gobierno de la nación, sea de la tendencia que sea, no mantenga un discurso coherente sobre el asunto.

En los últimos días hemos visto cómo el Ejecutivo de Rajoy se ha formado un auténtico lío con la implantación de las 35 horas en el sector público. Tres días después de anunciar un recurso al Tribunal Constitucional contra el decreto de la Junta que pretendía devolver a los trabajadores públicos andaluces las 35 horas laborales, una vez superado lo peor de la crisis, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, aseguró en la comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes que existe la posibilidad de incluir dicha propuesta en los Presupuestos de 2018. Para rizar más el rizo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, criticaba la medida y aseguraba que no existe ningún país de Europa donde los funcionarios trabajen 35 horas. Finalmente, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, pidió al Ejecutivo de Rajoy que no recurra la medida de la Junta.

Parece claro que el Gobierno y el PP deben, antes que nada, mantener un debate interno sobre la medida y, después, fijar una postura en común sobre la misma. Mientras tanto, no deberían entorpecer el decreto de la Junta. Montoro ya ha mostrado su intención de "evitar conflictividad" en este asunto con la Administración andaluza. Un buen primer paso, como se le reclama, sería no incluir dentro del recurso al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar del decreto de las 35 horas.