Fondos también para la educación concertada

La vuelta a las aulas el próximo otoño supondrá todo un reto para los colegios e institutos. No sólo porque habrá que tomar las medidas necesarias para respetar el distanciamiento social y la higiene que exijan las autoridades sanitarias, sino también porque habrá que recuperar muchos de los contenidos de los últimos meses del curso que ahora llega a su fin. Asimismo, los centros tendrán que tener prevista la metodología y los medios necesarios para que, si se produce un repunte de la pandemia que obligue de nuevo al confinamiento -algo que es muy posible-, se pueda continuar el curso (esta vez sí) con la máxima calidad posible. Para todo ello es evidente que hace falta un importante esfuerzo de organización y adaptación por parte de los equipos directivos y las plantillas docentes, así como un aumento de los presupuestos que permita mayor contratación de profesorado, adquisición de medios digitales, etcétera. Es por eso que el Gobierno ya tiene previsto un fondo de contingencia de unos 2.000 millones de euros para toda España, de los que 372 serían para centros de Andalucía. Hasta ahí todo bien. El problema es que el Ejecutivo pretende que estos fondos sólo vayan destinados a la educación pública, quedando excluidos todos los centros de la educación concertada, lo cual es una forma de ignorar la realidad de nuestro sistema educativo. Un sistema que, por cuestiones históricas en las que no nos extenderemos ahora, está compuesto en su gran mayoría por una mezcla de centros cien por cien públicos con otros, los concertados, que responden a una fórmula de colaboración público-privada que, hasta la fecha, ha sido bastante exitosa y satisfactoria. Ignorar a estos centros en el reparto de fondos para que puedan encarar los gastos producidos por la pandemia puede dañar gravemente al sistema educativo español y andaluz. Los centros concertados, pese al tópico que se repite desde algunos sectores altamente ideologizados, no son colegios elitistas, sino más bien instituciones mesocráticas que no cuentan con recursos suficientes para afrontar en solitario el esfuerzo presupuestario que hay que realizar. Por tanto, el Gobierno está en la obligación de apoyar con el dinero público (una parte del cual se debe a los impuestos pagados por esas familias que acuden a la concertada) a estos centros. Lo contrario sólo sería una señal de radicalismo absurdo y perjudicial para el país. La ministra del ramo, Isabel Celaá, debe rectificar.