Editorial
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La preocupante escalada de la tensión entre Argelia y Marruecos es un grave problema para España en general y Andalucía en particular. No en vano, uno de los vectores principales de nuestra política exterior ha sido tradicionalmente intentar mantener la estabilidad en el Magreb, una cuestión fundamental para nuestros intereses y seguridad. Actualmente, estamos viendo cómo el enfrentamiento entre Marruecos y Argelia (países con un largo historial de enemistad) ya ha supuesto la interrupción del gasoducto que surte de gas argelino a España y Portugal a través de Marruecos y el Estrecho, lo cual se traducirá en un aumento del coste del gas justo en unos momentos en que los precios de la energía, en general, están al alza, lo que seguramente va a dañar y retrasar la recuperación económica tras la pandemia del coronavirus. Pero no sólo es una cuestión de gas. Los intereses de las empresas españolas en ambos países son numerosos y una situación de extrema tensión como la actual sólo puede resultar perjudicial. Aparte, hay que tener en cuenta el problema del yihadismo, que vería en un posible conflicto entre ambos regímenes una oportunidad para crecer; o la cuestión de la inmigración irregular, que podría dispararse. Por no hablar de la inseguridad que se podría crear en el Estrecho, una de las rutas marítimas y comerciales más importantes de Europa. Por tanto, el Gobierno de España debe intentar, dentro de sus posibilidades, mediar en un conflicto que sólo le puede traer consecuencias negativas. También debe presionar a los organismos multilaterales para que coloquen el choque Marruecos-Argelia en los asuntos de máxima prioridad. España necesita un Magreb lo más pacífico y próspero posible, algo que no será factible si las tensiones entre los dos países norteafricanos van a más. Las consecuencias de una escalada pueden ser desastrosas.
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