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El pinsapar
Enrique Montiel
Uno por uno
Este engendro del relator, mediador, facilitador, notario o lo que sea, del conflicto catalán ha llamado mucho la atención como muestra suprema de la supuesta felonía de Pedro Sánchez. Pero no es nada nuevo: redondea y culmina la entrega del imprevisto presidente del Gobierno al chantaje de quienes le llevaron a la Moncloa y lo pueden desalojar de allí en cualquier momento. ¿Es un traidor Pedro Sánchez? No sabría decirlo. Lo terrible es que demuestra cada día que está dispuesto a serlo.
Quizás la singularidad de la figura del relator consiste en que evoca inevitablemente el proceso de paz del Ulster y las frustradas negociaciones con ETA (dos mesas paralelas, una de gobiernos y otra de partidos); es decir, la existencia de dos bandos en conflicto irresoluble por ellos mismos salvo que se encomienden a la mediación de hombres buenos independientes. Dos bandos equivalentes en legitimidad y fuerza. Dos soberanías del mismo nivel y semejante respaldo popular.
Esta es, de siempre, una de las grandes obsesiones del independentismo. Ahora bien, Sánchez ya había comprado la mercancía en diciembre, cuando en la cumbre forzada por Quim Torra se guardó el papel de las 21 delirantes exigencias del monaguillo de Puigdemont en vez de tirarlo a la papelera allí mismo -la única postura decente- y, sobre todo, cuando acordó un comunicado conjunto en el que se comprometía a buscar entrambos un proyecto político que tuviera el respaldo de la sociedad catalana. ¿Cómo que de la sociedad catalana? Y la sociedad española, ¿no tiene nada que decir?
En ese momento Pedro Sánchez hizo suyo el marco mental del secesionismo: dos poderes equiparables que deben pactar y hacerse concesiones para parar la guerra y que el destino de España lo decide una parte de los españoles. Esto se parece mucho a una traición a la Constitución. Mucho más que los gestos y cesiones que la precedieron y la siguieron: la retirada de la rebelión de los golpìstas por parte de la Abogacía del Estado, la promesa de futuro indulto, la retirada de los recursos de inconstitucionalidad o el aumento de las inversiones, del 13 al 18% del PIB, en unos presupuestos que tampoco sacian a los independentistas. La cumbre de diciembre y el relator de febrero, ésos son los hitos de la degradación del Gobierno democrático de España en favor del Govern antidemocrático -por su ejercicio- de Cataluña.
Y todo solamente para que Pedro siga.
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