Un terrorista en el Congreso

Esposado, escoltado por policías que no le perdían ojo, se presentó en Congreso de los Diputados para dar su opinión sobre los servicios de inteligencia españoles –opinión, no información– y dar su versión del papel que el imán de Ripoll podría haber tenido en los brutales atentados del verano del 2017 en Barcelona y Cambrils. Según Houli Chemlal, el CNI permitió al imán crear la célula terrorista que organizó los atentados, aunque no aportó ninguna prueba de que así fuera.

¿Imaginan a un etarra condenado por asesinato compareciendo en el Congreso acusando al CNI o Cesid de impulsar atentados con víctimas mortales? Cualquier persona con una mínima sensibilidad enfermaría de dolor y de vergüenza. Aunque bien pensado, parte de la generación actual no tendría esa reacción; por ejemplo, aquellos en los que ha calado el argumento de que no es criticable que el Gobierno se apoye en un partido que desciende de la familia etarra.

EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica o cualquier otro país democrático tan golpeado como ellos por atentados trágicos, impedirían que compareciera en sus parlamentos un terrorista condenado por participación en unos atentados que el verano de 2017 causaron 16 muertos y más de un centenar de heridos. Y que esa comparecencia, exigida por un partido independentista, sirviera para acusar al CNI de permitir la creación de una célula terrorista.

La perversidad de este Gobierno para saltarse todas las reglas del comportamiento propio de los demócratas, sobre todo las reglas que más dolor producen en cualquier sociedad, superan todos los límites. Además de faltar al respeto a las víctimas y a cualquier español solidario con esas víctimas. Personas que viven con profunda conmoción que su Ejecutivo ceda ante chantajes políticos de socios indeseados y no duda en asumir también comportamientos inaceptables.

Por no mencionar el daño que causa al prestigio de los servicios de inteligencia. Porque con acusaciones que se difunden en una cámara parlamentaria sin que lo impida el Gobierno, se pone en riesgo su colaboración con otros servicios internacionales.

Es inconcebible la falta de consideración de Sánchez y sus ministros hacia el puñado de hombres y mujeres que ponen en riesgo sus vidas para garantizar la seguridad de los españoles. Lo hacen además sin recibir medallas y honores, porque su trabajo, como en todos los servicios secretos, implica que solo sus compañeros, ni siquiera sus familiares en muchos casos, conocen dónde trabajan. Por ejemplo, tratando de conseguir información en los círculos yihadistas para que no ocurran atentados como los de Barcelona y Cambrils.

Nunca un Gobierno español ha dado tantos motivos para sentir vergüenza. Decirlo, escribirlo, no tiene nada que ver con la “fachosfera”, sino con la convicción de que España no está en buenas manos. No porque el Gobierno no sea legítimo, que lo es, sino por el detestable uso de sus responsabilidades políticas.