Estado de ruina

Un gobierno sin más iniciativa que sucumbir a la extorsión de los nacionalistas. Unas leyes que lejos de proteger a la ciudadanía la intimidan. Un poder judicial enfrentado a sí mismo, colaborador necesario del mayor de sus desprestigios. Una sociedad cuya ininterrumpida convocatoria a las urnas genera hartazgo y escepticismo. Todos estos signos de fatiga democrática se cristalizan en la proliferación de populismos de uno y otro signo político.

La separación de poderes ha sido humillada doblegándose ante los que han atacado al Estado. Tras el juicio por el proceso independentista se ha buscado el indulto de los condenados, se ha torcido la ley y modificado el Código Penal para que lo puedan volver a hacer sin consecuencias y, finalmente, se ha redactado una ley de amnistía por los favorecidos con su aplicación. Pero como las cosas siempre empiezan antes, en este caso, los Pujol no han tenido necesidad de toda esta parafernalia burocrática pues son intocables. Gozan de inmunidad como los reyes y ni tan siquiera han tenido que exiliarse para tapar sus vergüenzas. Esta semana moría en su cama la madre superiora del clan Pujol y raro es que no nos hayan impuesto unos días de luto oficial.

Entre tanto, los abogados del Estado sirven a fines espurios, la Fiscalía se pelea con los jueces, y los propios jueces se pelean entre los distintos tribunales de los que forman parte, mayormente, el Supremo con el Constitucional. No sólo eso, entre los mismos jueces que forman parte de un mismo tribunal también airean sus diferencias y se ha convertido en común que toda sentencia de relevancia contenga votos particulares de mayor extensión que la propia fundamentación jurídica del fallo. El resultado no es, como ya sabíamos, que dos y dos no son cuatro en Derecho, sino que en España la seguridad jurídica no existe y que, en todo juicio de cierta relevancia, los acusados son condenados y absueltos al mismo tiempo. Como colofón se filtra de antemano lo que ya han decidido en una sentencia que está todavía a medio redactar. El poder judicial aparenta defenderse con la frase menos jurídica que conozco: “Déjennos en paz”.

No, no es sólo Sánchez quien se está cargando el Estado de Derecho. Si los políticos son eficientes, los jueces profesionales, la ciudadanía comprometida y todos responsables, es más difícil cargarse este edificio que empieza a amenazar ruina.