Retrocediendo

Uno de los grandes logros del mundo contemporáneo fue aquel que imponía la publicidad de la justicia, la claridad del delito y la proporcionalidad de las penas. El gran Cesare Beccaria, marqués de lo mismo, es quien formula esta salvaguarda del individuo, contraria al presumible arbitrio del poder, en De los delitos y las penas, publicado en 1764. Uno de los mecanismos que propone Beccaria es la supresión de las acusaciones secretas, comunes en los procedimientos del Santo Oficio. Otra es la neta distinción entre el delito, que implica un daño y una repercusión social; y el pecado, de carácter íntimo y no vinculante para el legislador. A ello se añadía la claridad de las leyes, como forma de obstaculizar la indefensión del reo. Todos estos residuos del mundo antiguo, felizmente preteridos, son los que la ideología woke ha vuelto a introducir en las democracias, bajo la especie del “progreso”.

El título y el contenido de un libro reciente, No publiques mi nombre, de la periodista Cristina Fallarás, ejemplifican este carácter regresivo, arriba mencionado. En primer lugar, porque retoma y actualiza la acusación secreta, que facultaba a los familiares del Santo Oficio a incriminar sin responsabilidad alguna. En segundo término, porque los hechos recogidos en dicho volumen, por muy deleznables o pecaminosos que nos parezcan, pudieran no ser constitutivos de delito. Una tercera cuestión, estrechamente vinculada a las anteriores, es que el lugar oportuno para solventar dichos asuntos son los tribunales de justicia, tanto para garantizar la veracidad de las acusaciones, como para asegurar la proporcionalidad y la efectividad de las penas. En caso contrario, no habrá nada que nos distinga de la vieja (y parece que añorada) Inquisición. Y tampoco habrá nadie que nos impida destruir la vida, el crédito y la hacienda de un ciudadano por un comportamiento o unas opiniones en absoluto punibles.

Precisamente por esta doble exigencia de claridad de la ley y publicidad en la acusación, Beccaria era contrario a los indultos. Según el gran jurista milanés, el legislador debe ser siempre benévolo, y atender a las particulares condiciones del reo. Pero la aplicación de la ley debe ser inflexible, para evitar, precisamente, “un público decreto de impunidad”. El presidente Biden se ha marchado dando ejemplo de ello, como un viejo sultán enternecido paternalmente. En cuanto a la propensión al indulto y a la amnistía de nuestro Gobierno, no cabe decir sino que es poco moderna.