La aldaba
Carlos Navarro Antolín
Los calentitos son economía productiva en Sevilla
Andalucía, su Gobierno, pretende liderar la oposición a que se materialice el pacto entre PSOE-PSC y ERC que daría a Cataluña soberanía fiscal y uno de los principales instrumentos de Estado para abordar por otro camino la independencia o, como mal menor, que España deje de ser una nación y se transforme, por la vía de los hechos y no mediante la correspondiente reforma constitucional, en una confederación de naciones. No parece sencilla la aprobación de las reformas de leyes orgánicas necesarias para poder abordar un cambio en el sistema de financiación de las comunidades autónomas que tenga como resultado que Cataluña tenga una relación bilateral con el Estado al margen del sistema común. Para empezar necesitaría una reforma de la Constitución porque sólo se prevé una relación como ésa en la disposición adicional primera de la Carta Magna, que reconoce el respeto a los derechos forales. Pero no hay que ser ingenuo y es obvio que el Gobierno de Pedro Sánchez persigue una mutación constitucional y no una reforma siguiendo los cauces previstos en el Título X y en concreto siguiendo la senda prevista en el artículo 168: aprobación por los dos tercios de Congreso y Senado, disolución de las Cortes, elecciones a Cortes Generales, aprobación por las nuevas Cámaras también por mayoría de dos tercios y, finalmente, ratificación en un referéndum. Pero es que tampoco la mayoría para reformular la Lofca o una ley orgánica específica está asegurada. Pero con un Gobierno como el actual eso no es suficiente. Es pertinente oponerse y articular alianzas con todo el arco parlamentario en Andalucía y con otras comunidades para oponerse frontalmente. Por tanto, la aspiración de la Junta es legítima, porque el pueblo andaluz determinó con su voluntad la actual arquitectura institucional y que el desarrollo de la Constitución, sin violentarla, fuese en pie de igualdad entre las comunidades y no con privilegios para tres autonomías. La defensa de la igualdad es una constante de la política andaluza, de su tradición liberal que arranca en las Cortes de Cádiz. Hasta ahí todo correcto. Pero me pregunto si en esta España de 2024, los andaluces están dispuestos a movilizarse como lo hicieron los de 1977 a 1981, del 4-D al Estatuto por la vía del artículo 151. Y aún más: ¿está al alcance de la Junta de Juanma Moreno la capacidad de movilizar masivamente al pueblo andaluz contra el procés fiscal? ¿Es posible otro 4-D?
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