Una pésima hipótesis

Tiene la ciudadanía la sensación de que nuestros políticos gozan de impunidad. Quien ostenta el poder, sea del color que sea, bien retorciendo la ley, bien por las bravas, dictando normas ad hoc para bendecir cualquier conducta por ilícita que sea, parece eludir siempre la acción de la Justicia. Tal sensación está produciendo a su vez una peligrosa desafección popular hacia instituciones democráticas fundamentales.

Y lo que queda, me temo. No hace mucho, la abogada Guadalupe Sánchez planteaba en The Objective una hipótesis creíble. Dadas las causas judiciales que lo cercan, ¿qué ocurriría si, en algún momento, un juez decidiera la imputación del presidente Sánchez? En ese supuesto, siendo aforado, el tribunal competente pasaría a ser la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ésta, para poder investigar a Sánchez, tendría que pedir primero la autorización del Congreso de los Diputados. En ese caso, ¿podría dicha Cámara denegar el suplicatorio? Y si así lo hace, ¿cuál sería el siguiente paso? Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que por supuesto confirma esta potestad, aunque con algún matiz: la denegación debe ser motivada, en el sentido de que lo que se pretenda por el instante sea alterar indebidamente el funcionamiento de la Cámara correspondiente. Al tiempo, no cabe olvidar que la interdicción de arbitrariedad alcanza a ambas Cámaras, no pudiendo erigirse en Tribunal de última instancia que entre a conocer los pormenores de la acción penal planteada. Esto es, si la decisión de la Cámara concernida resultare palmariamente caprichosa, podría ser revisada y anulada.

Hasta aquí la teoría. En la práctica, si la cuestión llegara, caben pocas dudas de que la izquierda cerraría filas bajo el argumento de abortar una tentativa golpista encabezada por jueces reaccionarios, rechazaría el suplicatorio con su actual mayoría y el Tribunal Supremo vendría obligado a acordar el sobreseimiento libre con efectos de cosa juzgada, sin que a Sánchez pudiera juzgársele ni ahora ni nunca.

Tal conflicto, sin duda crítico, arriesgaría el régimen todo. Con el novedosa y falsa insignia del lawfare, el Ejecutivo convertiría al Judicial en un poder subordinado. Esperar una reacción anulatoria del Supremo es heroísmo que yo no espero. Restaría el Constitucional, pero allí manda la Matemática y no el Derecho. Por eso me parece una pésima hipótesis, el posible principio de un previsible y tenebroso final.