El pacto que ya existe

DESDE hace semanas, se nos insiste en la necesidad de un gran pacto -le llaman pacto de Estado- entre los dos "grandes partidos" (?). Un gran pacto en el que deberían entrar también otros grupos políticos, los sindicatos mayoritarios y la confederación de empresarios. El Rey mismo se ha sumado al coro de quienes lo recomiendan, quizá a ver si sube nota y alcanza al menos un 4 en las encuestas. Y es que cuando los responsables, o cómplices, de una situación catastrófica no saben qué hacer, o no están dispuestos a realizar los cambios en profundidad que serían precisos, invocan siempre la necesidad de un pacto o incluso de un gobierno "de unidad", "de salvación", o algo por el estilo.

La bondad de los pactos frente a la maldad de los desacuerdos forma parte esencial de la mitología de la democracia (o, mejor, de lo que intentan hacer pasar por democracia). Sin duda, firmar acuerdos puede ser algo perfectamente democrático -tan democrático como no hacerlo-, pero generalmente se olvida que para llegar a consensos antes hay que estar en disenso: partir de posiciones enfrentadas para, si ello no supone rehusar a principios irrenunciables, ceder todas las partes hasta encontrar un punto en común, en torno al cual se pacte. Y conviene no olvidar que los potenciales agentes de los pactos deben estar en posición no muy desigualitaria, porque caso contrario no habría pacto sino sumisión o trágala.

Partiendo de estas premisas, ¿cuál es la situación actual? Cuando se pide un pacto entre PP y PSOE, ¿es que tienen posiciones enfrentadas, en las cuestiones fundamentales, en relación a la crisis? Sinceramente creo que no, más allá de las palabras y gestos de cara a sus respectivas clientelas. Lo que nos está pasando hoy es, en gran medida, resultado del pacto que realizaron, hace ahora año y medio, con nocturnidad y alevosía, Zapatero y Rajoy introduciendo en la Constitución la prioridad absoluta del pago de "la deuda" sobre cualquier otro gasto, sea en salarios, educación, sanidad, vivienda, pensiones o inversiones públicas. Es éste el verdadero pacto que está vigente y que se ha desarrollado mediante el recorte de derechos y servicios públicos: una tarea que ya había puesto en marcha previamente el PSOE y a la que luego se ha dedicado con entusiasmo el PP.

Entonces, si ya existe pacto, ¿por qué casi todos hablan de que es necesario un pacto? Pues, precisamente, para que nos olvidemos de que ya existe; y también porque en la actual crisis política, resultado del alejamiento -desafección le llaman- de cada vez más ciudadanos respecto a las instituciones clave del actual régimen de la Segunda Restauración, desde la monarquía a los partidos políticos, gobiernos y parlamentos, es lógico que todos ellos quieran unirse para así tratar de conjurar el peligro de derrumbe. Todos juntitos se apuntalan mejor unos a otros… para tratar de seguir controlando el pastel y evitar que algún intruso se meta en el obrador.

¿Qué pintan en esto CCOO, UGT y las organizaciones empresariales? Como piezas esenciales del sistema económico-político, su presencia ha servido durante décadas para legitimar los acuerdos y pactos entre partidos. ¿Quién iba a dudar de la bondad de algo que llevara también la firma de los así denominados "agentes sociales"? Empresarios y burócratas sindicales han sido, desde la muerte de Franco, especialistas en pactos. Desde los famosos Pactos de la Moncloa, que garantizaron que nada en profundidad cambiara en la estructura económico-social a pesar de los cambios políticos que se estaban produciendo en el tránsito de la dictadura a la democracia liberal, hasta los siete Acuerdos de Concertación firmados entre la Junta de Andalucía, la CEA y los dos sindicatos citados con el resultado, no precisamente glorioso, de que Andalucía tiene hoy un 37% de desempleados, diez puntos por encima de la media española y veinte más que el País Vasco, se ha desmantelado la mayor parte del nunca muy potente tejido industrial, y a decenas de miles de escolares hay que aplicarles una nueva versión del "Auxilio Social" que recordamos quienes éramos niños en los años cincuenta del siglo pasado, cuando nos daban leche en polvo y queso de la ayuda americana.

En cualquier caso, la credibilidad de partidos, sindicatos, patronales y otras instituciones del régimen están hoy tan bajo mínimos que poco interés despierta, salvo entre tertulianos radiofónicos y comentaristas de prensa, saber si finalmente hay un nuevo pacto en Andalucía o en España. Porque lo fundamental está pactado desde hace cuatro décadas y atornillado hace menos de dos años con el cambio constitucional aludido. Quizá lo adecuado sería exigir que se rompieran esos pactos para abrir la posibilidad de una democracia avanzada y participativa en la que los seres humanos, y no la ganancia económica, fueran el elemento central y se garantizaran los derechos de las personas y los pueblos, en nuestro caso el andaluz. Eso sí que sería trascendente.