La ordenación del territorio andaluz

HACE unos días el presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, en su condición de candidato de dicho partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, manifestó en una conferencia en el Club Antares, de Sevilla, que "derogará el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía)" como unas de las propuestas de su programa.

Para unos, puede parecer una barbaridad semejante declaración programática, y para otros, por ejemplo el sector inmobiliario, puede manifestarse como algo esperanzador, pues el POTA es el plan maldito que, dicen, apareció con el inicio de la crisis inmobiliaria y ha colaborado con el cierre de cientos de empresas promotoras y constructoras en Andalucía.

Intentando objetivizar, y realizando un examen retrospectivo de la política de ordenación del territorio durante los últimos veinte años de gobierno del PSOE, lo cierto y verdad es que el POTA está agotado, y veremos por qué.

El POTA era un mandato de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, Ley 1/1994 de 11 de enero, que en su disposición adicional primera previó que el mismo debía formularse en el plazo de un año, y, sin embargo, el Gobierno andaluz no comenzó a elaborarlo hasta el año 2005, once años después. En el intermedio fue elaborando diversos planes subregionales y planes especiales que sirvieron de experiencia y dotaban posteriormente de contenido al propio POTA, aunque no dejaba de suponer "empezar la casa por el tejado".

De esta forma, se aprobaron el POT de la Aglomeración Urbana de Granada (1999), el POT del Poniente almeriense (2002), el POT de la Sierra de Segura (2003), el POT del Ámbito de Doñana (2003), el POT de la Bahía de Cádiz (2004), el POT de la Costa del Sol Occidental (2006) y, por fin, se aprueba el POTA por decreto 206/2006 de 28 de noviembre. Posteriormente se aprobará el Potaus, el de la aglomeración urbana de Sevilla (2009), el de mayor envergadura, que acogía a 42 municipios, y el de la aglomeración urbana de Málaga(2009) con 13 municipios. En el intervalo, la política de ordenación del territorio y urbanismo de la Junta de Andalucía se caracterizó por el laissez faire (dejar hacer), lo que produjo una explosión y desarrollo urbanístico descontrolado y anárquico, con cientos de urbanizaciones ilegales, y que únicamente paralizó el POTA.

Pero el POTA llegaba tarde, produjo la paralización de numerosos planes generales y parciales, justo en el ciclo en que la economía comienza una crisis. Ello dejaba sin sentido semejante paralización, al menos a nivel de planeamiento.

A día de hoy, sus directrices, en cuanto al crecimiento y expansión de las ciudades y poblaciones, se han incorporado y flexibilizado en la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) con la modificación operada por la Ley 2/2012 de 30 de enero. Por tanto, y en principio, hay una ley que sustituye al POTA en este cometido y se completa con los planes generales municipales a aprobar bajo la tutela de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, el POTA, con una visión global y de conjunto del territorio andaluz, había previsto una multitud de planes sectoriales, y todos han sido ya aprobados por las distintas consejerías, y algunos hasta están en segundas revisiones. Véanse como ejemplos el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2007/2013), Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, entre otros, por lo que se refiere a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda; El Plan Andaluz de Desarrollo Industrial (PADI 2008-2013), Plan Andalucía Sociedad de la Información (ASI 2007-2010), Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (Pasener 2007/2013), entre otros, por lo que se refiere a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia; Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 (actualizado en 2012-2017), la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible (2004), Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, Estrategia Andaluza contra el Cambio Climático (2002), Estrategia Andaluza para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras (2007) entre otros, por lo que se refiere a la Consejería de Medio Ambiente; y por último, el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011, el IV Plan de Fomento del Comercio Interior de Andalucía (2011-2013), por lo que se refiere a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Como puede observarse, son decenas de planes, con sus costes de elaboración y con una estructura administrativa detrás. Este modelo planificador es insostenible y va en contra de la eficiencia de recursos públicos, de la austeridad y de la adecuada simplificación y coordinación administrativas.

Por tanto, la función del POTA tal y como se concibió en la ley del año 1994, ha terminado por cumplirse, y su modelo está agotado. Hace falta una nueva ley más general y un nuevo modelo de plan. A mi juicio, el modelo ha de ser el del desarrollo sostenible, el de la integración ambiental, pero en el sentido de la sostenibilidad económica, territorial, ambiental, y especialmente administrativa que obligue a la integración de consejerías y de planes. No es posible una Administración tan desproporcionada a la realidad económica de nuestra Andalucía, con una inflación de planes y normas que no la entiende el ciudadano.