La muy oportuna exigencia de la Ley de Capitalidad para Sevilla

Sevilla/Sevilla es la capital de Andalucía. Así lo define el Estatuto de la Autonomía. Nunca ha habido debate al respecto, ni se trata de un título en juego o discusión más allá de algunas polémicas promovidas por políticos irresponsables de uno y otro lado. El propio presidente Moreno refirió la capitalidad en el inicio de su discurso de toma de posesión del pasado sábado. El objetivo del hoy alcalde, Antonio Muñoz, es que la capitalidad sea por fin desarrollada en la correspondiente ley autonómica. Y mientras tanto, que el Gobierno de España constituya la comisión de trabajo permanente donde estén representadas las tres administraciones para decidir con celeridad asuntos de financiación en caso en los que Sevilla acoja acontecimientos de relevancia internacional. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando la ciudad fue sede de una cumbre europea en tiempos del presidente Aznar? Pues a esa comisión hubiéramos elevado como ciudad las necesidades extras de financiación.

No digamos si la comisión comienza a funcionar cuanto antes, como es deseo del alcalde, y nos conceden la Agencia Espacial o la Casa de América, como también desea Muñoz. A ese foro podríamos llevar las necesidades que nos generarían las dos entidades. La Ley de Capitalidad no sólo supondría más recursos económicos, sino también más competencias. Una capital tiene una población flotante muy superior a cualquiera otra que no lo es. Miles de personas vienen de otros municipios a Sevilla a trabajar, resolver sus asuntos o manifestarse en defensa de algún derecho. Y por tanto generan una demanda de servicios públicos. Por eso hace bien el alcalde en pelear que a la hora de repartir los jurdeles no solo se tenga en cuenta la población de derecho, sino la de hecho. Sevilla tiene casi 700.000 habitantes. Si se suma la corona metropolitana hay 1.200.000. Muchísimos vecinos de ese área vienen diariamente a la capital. Más del 50% de quienes buscan aparcamiento en Sevilla cada mañana proceden del Aljarafe. Eso obliga a tener unas infraestructuras y unos servicios de policía con cargo a la capital.

Zaragoza, por ejemplo, ha triplicado sus ingresos por la vía autonómica desde que tiene reconocida por ley la capitalidad de Aragón. Sevilla también pasaría a gestionar directamente competencias de transporte, servicios sociales, vivienda o empleo mediante un traspaso formal con la correspondiente financiación. No se trata de perjudicar a nadie, ni se va en contra de nadie. Esta ley reforzaría en todo caso a Andalucía a través de la capital. No tener Ley de Capitalidad es un agravio con otras comunidades autónomas que sí la tienen. Ahí sí estamos perdiendo todos.