¿Qué se oculta tras el rescate de Abengoa?

El destino de Abengoa se ha convertido en el culebrón económico de 2020. Y cada semana es peor. Los accionistas minoritarios consumaron el martes 17 la destitución del consejo de administración, pero Gonzalo Urquijo actuó de juez y parte en la junta general e impidió nombrar otro consejo que proponían los mismos propietarios que defenestraron al equipo directivo. Eso dejó descabezada a la matriz y les permite seguir al mando desde la filial Abenewco 1.

Pero lo más grave es que esta junta forzada por una rebelión de los accionistas contra el rescate que les deja sin nada es que tenía que servir para que se conociesen algunos datos ocultos y muy relevantes de la multinacional. Urquijo les negó a los accionistas el informe, elaborado por KPMG, que ha puesto a la matriz de nuevo al borde de la quiebra, al señalar que tiene un desequilibrio patrimonial de 388 millones de euros.

Tampoco consiente en formular las cuentas de 2019, que el auditor se niega a firmar por una razón que no se ha comunicado ni a los dueños ni al mercado, porque Abengoa sigue siendo una cotizada, aunque la negociación de sus acciones esté suspendida.

Tanta opacidad me lleva a preguntarme: ¿qué se oculta tras este rescate, que despoja a los accionistas de la propiedad de Abengoa, por más endeudada que esté?¿Qué pasó entre la reestructuración hecha en mayo de 2019 para salvar la empresa y diciembre de ese mismo año, para ni siquiera entregar las cuentas al regulador bursátil? Desde luego, el pretexto de la pandemia, no. La lucha por el poder en Abengoa no ha terminado: quedan capítulos. El principal será lo que decidan los accionistas en cuatro semanas.

Ese pulso tiene crecientes derivadas políticas. El PSOE no para de presionar a la Junta de Andalucía de PP y Cs para que entre en el rescate. Ahora, con la amenaza del ficticio traslado de la empresa sevillana a Valencia. Tras farolear con la quiebra, se hace lo mismo con la mudanza, que no se puede decidir porque Abengoa no tiene órganos de gobierno. Y no los tendrá hasta el 21 o 22 de diciembre. El PSOE, su Gobierno central, exigió que la Junta participase y eso ha bloqueado este dudoso rescate porque el Gobierno andaluz no va a hacer nada que pueda declararse ilegal. Susana Díaz dijo ayer que pedirá responsabilidades si se va la empresa. Estaría bien que ese celo lo aplicara al proceder de Pedro Sánchez y sus ministros, que han hecho suya la lucha de la dirección defenestrada, o al oportunismo de Ximo Puig. Ya escribí aquí que si la Junta no pone esos 20 millones será cuando Abengoa tenga opciones de salvarse. Lo mantengo.