Lo mollar

El entretenido sainete del PP y VOX, preguntándose cómo han votado a favor de los beneficios penitenciarios a la colonia etarra, no puede ocultarnos una verdad más obvia. Dicha verdad es que el Gobierno de la nación ha querido que así sea, y que para ello introdujo, como al desgaire, una modificación legislativa que en breve permitirá al entrañable Javier García Castillo, alias Txapote, volver a su casa por Navidad, en olor y alabanza de multitudes. En breve, pues, veremos cómo se aplaude, en las calles del País Vasco, la vuelta prematura de un destacado asesino: aquel que mató, por ejemplo, a los socialistas Fernando Buesa y Fernando Múgica. ¿En beneficio de quién? No, desde luego, de los familiares del señor Buesa y del señor Mújica, que hoy estarán consignados, presumiblemente, por el PSOE actual y su socio Bildu, en ese limbo heteróclito y amplísimo al que se llama “fachosfera”.

Repito. Todo este improvisado vodevil no puede hacernos olvidar la determinación última del Gobierno. Y ello por los mismos motivos que el episodio del señor Puigdemont y su fuga circense no debe distraernos de la doble, perdón triple, cuestión principal; esto es, que el señor Puigdemont encabezó un golpe de Estado; que el Gobierno la nación ha tratado de indultar a dichos golpistas, con éxito parcial y según qué casos, a pesar de no haber manifestado arrepentimiento alguno; que el Gobierno de la nación, para compensar un poco estas pequeñas dificultades, ha ideado la conversión el Estado de las autonomías en una confederación asimétrica donde se premia, en moneda contante, el comportamiento irreprochable, leal y democrático del señor Puigdemont, en claro detrimento del resto de las comunidades autónomas. Lo que en la vieja terminología castrense del general Schwarzkopf se llamaba “daños colaterales”.

Naturalmente, esto debiera llevar a interrogarnos sobre algunos asuntos de importancia. Por ejemplo, cabría que nos preguntásemos por qué el Gobierno de la nación favorece a convictos de asesinato y no a los agraviados por el crimen; por qué beneficia a los acusados de sedición y no a los damnificados por el golpe; por qué desdeña el concepto de solidaridad y promueve el trasvase de riquezas a las regiones más prósperas. Como es lógico, la respuesta no puede ser desagraviar al agraviado, proteger al desprotegido, compensar las desigualdades, procurar el bien común. La respuesta debe hallarse en otra parte. Pero dónde se hallará –¡dónde, dónde, dónde!– no lo sabemos.